La corrupción se ha convertido en un fenómeno mundial que lejos de desaparecer se ha incrementado, a medida que aumentan los flujos sociales y económicos. Es uno de los grandes problemas contemporáneos, con afectaciones económicas graves como la disminución de inversión, disminución a la confianza en la economía, un menor ingreso en las empresas que participan en corrupción o fraudes, una baja productividad por falta de capitales, etc.
La corrupción también atenta contra el estado de derecho, contra los derechos civiles y humanos de los ciudadanos. Daña y deteriora a las instituciones públicas y privadas, a la democracia, y finalmente el impacto es en el desarrollo de los países y su bienestar social.
A nivel global los costos son impactantes. En México los costos son estratosféricos. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el costo de la corrupción es de entre el 5% y 10% del Producto Interno Bruto (PIB).
México ha venido realizando esfuerzos para combatir esta problemática. El 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, y que tienen impacto directo en materia de combate a la corrupción.
Uno de los principales puntos es la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene como objetivos, sentar las políticas públicas y procedimientos de diferentes autoridades en sus diferentes niveles de gobierno, para la coordinación prevención, detección y sanción a los hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Así también se conformaron los Sistemas Estatales Anticorrupción, que son órganos estatales similares al SNA. Estos deben ser el canal de interacción entre la sociedad civil, las autoridades locales y el SNA Federal. Una parte fundamental de estos sistemas es la participación ciudadana, en el estado de Hidalgo el sistema cuenta con el Comité de Participación Ciudadana (CPC).
En su artículo 15 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo establece que el CPC tiene como objetivo coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, este CPC quedó establecido con 5 ciudadanos el 23 de enero de 2018.
En 2022, se seleccionará a una nueva o nuevo ciudadano, para el CPC y así mantener la dinámica ciudadana en él SEA Hidalgo, como ha venido ocurriendo cada año desde el 2018.
Uno de los principales logros del SEA Hidalgo es que el 27 de abril de 2021, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción aprobó, en su primera sesión ordinaria, la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo.
