La semana pasada se llevó a cabo en el Congreso del Estado, la Casa del Pueblo, la segunda edición del Congreso Juvenil, el cual tuvo por objetivo garantizar el derecho a la participación de las personas jóvenes entre 14 y 17 años de edad, generando un espacio para expresar sus inquietudes, ideas y propuestas a través del diálogo y debate, con base en los principios de inclusión y paridad de género. A propósito de este importantísimo evento les comparto algunas reflexiones en torno a las juventudes.
México cuenta hoy con más de 37.8 millones de jóvenes entre 12 y 29 años. El bono demográfico vive un momento de gran vigor ya que representa el 30% de la población total del país, lo cual implica una oportunidad única e irrepetible para el desarrollo presente y futuro; además, de sentar bases sólidas para las transformaciones que requiere nuestro país; poniendo en el centro como actores dinámicos y determinantes a las juventudes, siendo el vehículo la educación de calidad para la consolidación de cambios profundos a través de las y los jóvenes para llevar a Hidalgo y a nuestro país a su máximo potencial.
Por lo tanto, requerimos convertirnos todas las instancias gubernamentales y públicas en garante de derechos, que sirvan de base para modificar el papel que tienen las juventudes en nuestra sociedad; no solo representan un bono democrático de un alto porcentaje de la población del país; al encontrarse en una etapa de formación; sino, también de desarrollo de su ingenio y talento, lo cual se tiene que capitalizar para la redefinición del espacio social que todos añoramos.
Hidalgo concentra al 2.4% de la población joven del país y la media de edad de las personas jóvenes es de 28.1 años; en este contexto; coincido completamente en lo establecido en los informes de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y los informes iberoamericanos de juventud de La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ); los cuales han demostrado que los jóvenes tienen un enorme potencial para contribuir al avance de la sociedad y ser agentes activos de cambio. Sin embargo, a pesar de los notables progresos en la lucha por la reducción de la pobreza y la desigualdad, el desarrollo de elecciones libres y el fortalecimiento de la democracia, existe evidencia en América Latina de problemas estructurales de desigualdad en el ejercicio de los derechos ciudadanos, y en las oportunidades y acceso a empleo, servicios y bienes públicos que afectan a los jóvenes. Factores como el ingreso, la inseguridad, el género, origen étnico o residencia son claros condicionantes, cuando no barreras determinantes, en el acceso y disfrute de derechos ciudadanos y condiciones de vida básicas.
Debemos de aprender a escuchar a las juventudes y actuar en consecuencia, reconociéndolos como agentes de cambio, sujetos de derechos y capaces de proyectar su propio futuro promisorio, en el cual nos corresponde a todas y todos nosotros facilitarles el camino, no como una concesión, sino, como un deber ético y moral y como una obligación jurídica que tenemos todos quienes participamos de la vida pública de nuestro estado y de nuestro país.
“… La transformación exige de grandes objetivos que sólo se cumplen mediante el esfuerzo, la disciplina cotidiana y la convicción de aportar por el bien común…” Osiris Leines.
