/ sábado 10 de febrero de 2024

Tulancingo: Habrá acuerdo para víctimas de fraude

En la demanda colectiva solo contemplan a 50 afectados, pero estiman que habría al menos 600 en la región

Será el próximo 27 de febrero cuando se determine la fecha y monto de pago por acuerdo reparatorio a las al menos 50 víctimas del fraude ocurrido en marzo de 2020 en la región de Tulancingo, ciudadanos a los que les despojaron entre 2 mil y 4 mil pesos. El modus operandi, precisaron, fue que supuestos trabajadores del gobierno federal y simpatizantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), las convencieron de invertir en un fondo para un programa federal que a la postre redituaría en 120 mil pesos.

Plantados en las inmediaciones de los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución, cerca de 40 quejosos acudieron a la audiencia en donde dieron a conocer tal disposición, varios de ellos portaron cartulinas con consignas de “cárcel a las defraudadoras” y otras más en las que solicitaron la intervención del gobernador Julio Menchaca Salazar así como de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

Marcos García, uno de los afectados, también representante del grupo de denunciantes, precisó que dichos actos ocurrieron en 2020, cuando supuestos trabajadores del gobierno federal adscritos a la Secretaría de Economía los convencieron de entregar una suma de dinero a cambio de entrar a un programa federal “a fondo perdido”.

“Era para invertir y tener mejores condiciones de vida, era una promesa de inversión. La mayoría pagamos 3 mil 800 y 300 de una inscripción. Llegaron identificándose con su gafete de la Secretaría de Economía y se presentaban como gente de Morena”, recordó García. El contacto lo estableció la delegada de aquel entonces de la colonia Francisco I. Madero, y al tratarse de una persona conocida por muchos, logró que los hoy afectados invitaran a sus familiares para que abonaran a la supuesta inversión.

Dijo que aunque la denuncia colectiva la presentaron desde 2021 un total de 50 personas, existen al menos 600 casos de defraudación con este modelo en toda la región de Tulancingo. De hecho, en su momento intentaron sin éxito llevar el caso a las conferencias de prensa diarias del primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, por el supuesto vínculo entre las artífices de la estafa y la Secretaría de Economía; igualmente, se les dijo que el proyecto en el cual invertirían era respaldado por la entonces legisladora capitalina Dolores Padierna, adscrita a Morena.

“Nos entregaron documentos oficiales, tanto como recibo de pago así como documentos que los acreditaban como beneficiarios (...) los estamos demandando por fraude, usurpación de funciones y falsificación de documentación”, especificó García.

Al término de su audiencia, a la cual acudieron las dos personas presuntamente defraudadoras, se informó que el 27 de febrero se determinará el día de pago del acuerdo reparatorio, una cifra que ronda aproximadamente los 205 mil pesos. Finalmente, los abogados de la parte acusatoria, señalaron que de momento no se plantea la imposición de alguna otra medida cautelar contra las presuntas defraudadoras, a reserva de que lleguen a un buen acuerdo a finales de este mes.


Será el próximo 27 de febrero cuando se determine la fecha y monto de pago por acuerdo reparatorio a las al menos 50 víctimas del fraude ocurrido en marzo de 2020 en la región de Tulancingo, ciudadanos a los que les despojaron entre 2 mil y 4 mil pesos. El modus operandi, precisaron, fue que supuestos trabajadores del gobierno federal y simpatizantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), las convencieron de invertir en un fondo para un programa federal que a la postre redituaría en 120 mil pesos.

Plantados en las inmediaciones de los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución, cerca de 40 quejosos acudieron a la audiencia en donde dieron a conocer tal disposición, varios de ellos portaron cartulinas con consignas de “cárcel a las defraudadoras” y otras más en las que solicitaron la intervención del gobernador Julio Menchaca Salazar así como de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

Marcos García, uno de los afectados, también representante del grupo de denunciantes, precisó que dichos actos ocurrieron en 2020, cuando supuestos trabajadores del gobierno federal adscritos a la Secretaría de Economía los convencieron de entregar una suma de dinero a cambio de entrar a un programa federal “a fondo perdido”.

“Era para invertir y tener mejores condiciones de vida, era una promesa de inversión. La mayoría pagamos 3 mil 800 y 300 de una inscripción. Llegaron identificándose con su gafete de la Secretaría de Economía y se presentaban como gente de Morena”, recordó García. El contacto lo estableció la delegada de aquel entonces de la colonia Francisco I. Madero, y al tratarse de una persona conocida por muchos, logró que los hoy afectados invitaran a sus familiares para que abonaran a la supuesta inversión.

Dijo que aunque la denuncia colectiva la presentaron desde 2021 un total de 50 personas, existen al menos 600 casos de defraudación con este modelo en toda la región de Tulancingo. De hecho, en su momento intentaron sin éxito llevar el caso a las conferencias de prensa diarias del primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, por el supuesto vínculo entre las artífices de la estafa y la Secretaría de Economía; igualmente, se les dijo que el proyecto en el cual invertirían era respaldado por la entonces legisladora capitalina Dolores Padierna, adscrita a Morena.

“Nos entregaron documentos oficiales, tanto como recibo de pago así como documentos que los acreditaban como beneficiarios (...) los estamos demandando por fraude, usurpación de funciones y falsificación de documentación”, especificó García.

Al término de su audiencia, a la cual acudieron las dos personas presuntamente defraudadoras, se informó que el 27 de febrero se determinará el día de pago del acuerdo reparatorio, una cifra que ronda aproximadamente los 205 mil pesos. Finalmente, los abogados de la parte acusatoria, señalaron que de momento no se plantea la imposición de alguna otra medida cautelar contra las presuntas defraudadoras, a reserva de que lleguen a un buen acuerdo a finales de este mes.


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