No habrá juicio para edil de Epazoyucan

No existieron elementos probatorios contra el munícipe Fidel Arce

Ignacio García

  · martes 11 de octubre de 2022

Los diputados locales aún tienen un caso restante de resolución de juicio político. / Foto: Eduardo de la Vega.

Los diputados locales desecharon la procedencia del juicio político contra el alcalde de Epazoyucan, Fidel Arce Santander, al considerar que no existen los suficientes elementos legales en su contra para continuar con el procedimiento en su contra, por lo que aún resta la resolución del juicio político contra el edil de Atitalaquia, Lorenzo Agustín Hernández.

El presidente de la comisión Instructora, Jorge Hernández Áraus, informó que el proceso contra el munícipe emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que continuará con sus funciones como presidente municipal hasta 2024.

De acuerdo con el también coordinador del grupo legislativo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se analizaron los diferentes elementos presentados ante la comisión, por lo que se votó en el pleno y finalmente se descartó continuar con el procedimiento contra el edil.

El representante del distrito de Apan aseveró que se siguió la rigurosidad jurídica para que no existiera algún interés político, y por ello consideraron que no continuará el procedimiento que interpuso la ex tesorera de Epazoyucan, Yarid Santiago Barrera, quien acusó al munícipe de violencia de género.

Con respecto al procedimiento contra el alcalde de Atitalaquia, interpuesto por regidores de ese ayuntamiento por las irregularidades en el caso del Centro Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, donde murió una persona, el legislador local indicó que tienen un plazo de 60 días para su resolución y sólo han transcurrido 23 días, por lo que se encuentran a tiempo para definir la procedencia del mismo.

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Agregó que hay voluntad política por parte de todos los integrantes de la comisión Instructora para la resolución de los procedimientos contra los ediles que se han interpuesto en la actual legislatura local y se consideran los criterios jurídicos para confirmar la validez de los mismos procesos.