A cinco años de la explosión de una toma clandestina de hidrocarburo en la comunidad de San Primitivo, en el municipio de Tlahuelilpan, donde murieron 137 personas, y de siete años del llamado “gasolinazo” en el que murieron dos personas en Ixmiquilpan por parte de policías federales, no se han fincado responsabilidades legales.
El 5 de enero de 2017 un grupo de pobladores de Ixmiquilpan se enfrentaron con elementos de la extinta policía federal como parte de una protesta por la liberación de los precios de la gasolina que implementó el gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, que generó un aumento en los costos de la misma y fue conocido como el “gasolinazo”.
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Los hechos ocurrieron en la carretera federal México-Laredo a la altura de la comunidad Dios Padre, donde los policías federales asesinaron a dos pobladores que se opusieron a la liberación de los precios de la gasolina, por lo cual el gobierno del entonces gobernador de la entidad, Omar Fayad Meneses, reconoció que se trataron de las víctimas mortales tras el enfrentamiento.
Por esas medidas económicas, se suscitaron diferentes protestas en nueve estados del país, donde en total fallecieron seis personas para oponerse a las acciones del gobierno federal, pero cada año los habitantes de Ixmiquilpan recuerdan a Alan Giovani Gutiérrez y Fredy García, los dos jóvenes asesinados por elementos de la policía federal.
Jorge Chávez Maldonado, presidente del Movimiento 5 de enero, dijo que esa tragedia no puede ser ignorada y olvidada, por lo cual reiteró que deben mantenerse las acciones para mantener la memoria de los jóvenes vigente a seis años de estos hechos violentos.
El entonces presidente de México afirmó que la liberalización de los precios de la gasolina era necesaria para mantener la estabilidad económica del país, ya que con ello se eliminaba el subsidio estatal y con ello se evitaría aumentar la deuda pública para la nación.
Por otro lado, el 18 de enero de 2019 pobladores de diferentes comunidades de Tlahuelilpan se reunieron para extraer hidrocarburo de una fuga de una toma clandestina de combustible, durante el desabasto de gasolina que existió como parte de las medidas de combate que implementó el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
Los habitantes se congregaron en el sitio para incluso rociarse y bañarse con el hidrocarburo que brotó de la zona durante horas sin la intervención de elementos de la Guardia Nacional o del Ejército mexicano hasta que por la noche explotó la toma clandestina, dejando sin vida casi de forma instantánea a 137 personas.
De acuerdo con las autoridades federales y estatales, existía una elevada concentración de combustible, por lo cual al ser altamente inflamable inició la explosión y después de varias horas los bomberos y personal de Protección Civil controlaron el incendio.
El ex gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, reconoció que se trató de la peor tragedia en la historia de la entidad, por lo cual aseveró que se apoyan económicamente a los familiares de las víctimas, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se ayudaría con los gastos funerarios a los deudos.
Aunque el gobierno federal anunció la construcción de un memorial, los familiares de las víctimas sostuvieron que las autoridades los abandonaron y sólo se colocaron algunas capillas para recordar a las personas fallecidas por el siniestro, por lo que lamentaron que conforme avanza el tiempo cada vez hay menos atención.
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