/ lunes 11 de mayo de 2020

Gobierno de Baja California acatará decisión de la Corte por Ley Bonilla

El secretario de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, confía en que los ministros les den la razón

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá si el Gobierno de Jaime Bonilla en Baja California durará dos o cinco años, cuando el pleno discuta la constitucionalidad de la Ley Bonilla.

Mientras el secretario de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, confía en que los ministros les den la razón, académicos ven que, jurídicamente, se sostenga la ampliación de dos a cinco años al mandato de Bonilla.

En entrevista con El Sol de México, Rodríguez Lozano aseguró que el Gobierno de Baja California está preparado para cualquier decisión que tome la SCJN, pero dijo tener fe en la Corte y confió en que las ministras y ministros van a resolver conforme a derecho y justicia, tomando en cuenta los antecedentes de la reforma que llevó a la ampliación del gobierno de dos a cinco años.

“Quisiéramos que se mantenga el mandato de cinco años pero estamos totalmente abiertos a respetar el resultado de la Corte, cualquiera que este sea. Si tenemos dos años vamos a hacer un gran gobierno, pero si nos dan cinco años, vamos a transformar cien por ciento el estado”, puntualizó el funcionario.

El funcionario estatal expuso que si el fallo del máximo tribunal del país no les es favorable hoy, ya se encuentran listos como gobierno estatal para cumplir con la resolución y con los efectos que la propia sentencia marque.

Hoy, el pleno de la Suprema Corte discute el proyecto del ministro, Fernando Franco, quien sostiene que permitir que sea extendido o prorrogado el mandato de los cargos de elección popular, una vez expresada la voluntad general en las urnas, implica un fraude a la Constitución política.

Si su propuesta alcanza al menos ocho votos, Franco González Salas destacó una serie de efectos para dar paso a la invalidez de la denominada Ley Bonilla, los cuales deberán cumplir, si así se acuerda, todas las autoridades de Baja California a partir de la notificación de la sentencia al Legislativo estatal.

Sobre esto, Javier Martín Reyes, académico del CIDE confió en que la SCJN invalide por unanimidad la llamada “Ley Bonilla” y revierta la extensión de mandato, del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

Consultado por este diario, señaló que los 11 ministros del máximo tribunal del país enfrentarán un problema sencillo en lo jurídico, y ya no tan complicado en términos políticos ante el panorama que vive el país, en cuanto al aislamiento y la polarización.“Es claro que el gobierno de Baja California se ha distanciado paulatinamente del gobierno federal, particularmente con el tema de salud y pienso que esto es un indicador de que ese contexto de apoyo sea muy complicado políticamente, el cual parecía iba a tener la Corte, ya no lo es pues ni la extensión de mandato ni lo judicial hoy están en los reflectores”, dijo.

El especialista consideró que si la reforma al Poder Judicial pasó a otro plano ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, esto signifique un respiro a la Suprema Corte para tomar una determinación jurídica de gran trascendencia.


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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá si el Gobierno de Jaime Bonilla en Baja California durará dos o cinco años, cuando el pleno discuta la constitucionalidad de la Ley Bonilla.

Mientras el secretario de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, confía en que los ministros les den la razón, académicos ven que, jurídicamente, se sostenga la ampliación de dos a cinco años al mandato de Bonilla.

En entrevista con El Sol de México, Rodríguez Lozano aseguró que el Gobierno de Baja California está preparado para cualquier decisión que tome la SCJN, pero dijo tener fe en la Corte y confió en que las ministras y ministros van a resolver conforme a derecho y justicia, tomando en cuenta los antecedentes de la reforma que llevó a la ampliación del gobierno de dos a cinco años.

“Quisiéramos que se mantenga el mandato de cinco años pero estamos totalmente abiertos a respetar el resultado de la Corte, cualquiera que este sea. Si tenemos dos años vamos a hacer un gran gobierno, pero si nos dan cinco años, vamos a transformar cien por ciento el estado”, puntualizó el funcionario.

El funcionario estatal expuso que si el fallo del máximo tribunal del país no les es favorable hoy, ya se encuentran listos como gobierno estatal para cumplir con la resolución y con los efectos que la propia sentencia marque.

Hoy, el pleno de la Suprema Corte discute el proyecto del ministro, Fernando Franco, quien sostiene que permitir que sea extendido o prorrogado el mandato de los cargos de elección popular, una vez expresada la voluntad general en las urnas, implica un fraude a la Constitución política.

Si su propuesta alcanza al menos ocho votos, Franco González Salas destacó una serie de efectos para dar paso a la invalidez de la denominada Ley Bonilla, los cuales deberán cumplir, si así se acuerda, todas las autoridades de Baja California a partir de la notificación de la sentencia al Legislativo estatal.

Sobre esto, Javier Martín Reyes, académico del CIDE confió en que la SCJN invalide por unanimidad la llamada “Ley Bonilla” y revierta la extensión de mandato, del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

Consultado por este diario, señaló que los 11 ministros del máximo tribunal del país enfrentarán un problema sencillo en lo jurídico, y ya no tan complicado en términos políticos ante el panorama que vive el país, en cuanto al aislamiento y la polarización.“Es claro que el gobierno de Baja California se ha distanciado paulatinamente del gobierno federal, particularmente con el tema de salud y pienso que esto es un indicador de que ese contexto de apoyo sea muy complicado políticamente, el cual parecía iba a tener la Corte, ya no lo es pues ni la extensión de mandato ni lo judicial hoy están en los reflectores”, dijo.

El especialista consideró que si la reforma al Poder Judicial pasó a otro plano ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, esto signifique un respiro a la Suprema Corte para tomar una determinación jurídica de gran trascendencia.


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