/ lunes 7 de septiembre de 2020

Ordenan cateo en casa de exalcalde

También se autorizó el rompimiento de chapas en caso de ser necesario

La jueza penal de Control adscrita al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Janett Montiel Mendoza, autorizó una orden de cateo al domicilio de Raúl N, hoy expresidente de Mineral de la Reforma.

De acuerdo con un auto que obra en el expediente de la causa penal 461/2020, la jueza de control autorizó la presencia de personal de seguridad en el domicilio, el rompimiento de chapas y cerraduras, auxilio de la fuerza pública y todo acto necesario para el ingreso a los domicilios, siempre y cuando sea estrictamente necesario.

En el auto emitido, se establece que la orden de cateo debería ejecutarse dentro de los tres días siguientes a la fecha, y en caso de no llevarse a cabo la autorización quedaría sin efecto, ello con base en lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Cabe recordar que el exalcalde se le inició un proceso penal por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades establecido en el artículo 309 ter de l Código Penal de Hidalgo, mismo que establece una pena privativa de libertad de uno a ocho años.

La jueza penal de Control adscrita al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Janett Montiel Mendoza, autorizó una orden de cateo al domicilio de Raúl N, hoy expresidente de Mineral de la Reforma.

De acuerdo con un auto que obra en el expediente de la causa penal 461/2020, la jueza de control autorizó la presencia de personal de seguridad en el domicilio, el rompimiento de chapas y cerraduras, auxilio de la fuerza pública y todo acto necesario para el ingreso a los domicilios, siempre y cuando sea estrictamente necesario.

En el auto emitido, se establece que la orden de cateo debería ejecutarse dentro de los tres días siguientes a la fecha, y en caso de no llevarse a cabo la autorización quedaría sin efecto, ello con base en lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Cabe recordar que el exalcalde se le inició un proceso penal por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades establecido en el artículo 309 ter de l Código Penal de Hidalgo, mismo que establece una pena privativa de libertad de uno a ocho años.

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