Municipios niegan información considerada como pública, bajo el argumento de que es reservada, de ahí que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Hidalgo (ITAIH) ordenó que en un plazo de 10 días entreguen lo relativo a sus nóminas y recibos de alcaldes.
Una sola promovente, 34 municipios que no atendieron de manera correcta la solicitud del solicitante, consistente en presupuesto de egresos donde se especifique el sueldo del presidente municipal y demás integrantes del cabildo de 2018 hasta junio de 2019, así como los recibos de nómina que avalen la cantidad que se entrega de dieta al alcalde.
De ahí que los comisionados de transparencia ordenaron la entrega de la información, luego de que esta fue clasificada como reservada.
Los municipios que incumplieron con sus obligaciones de transparencia son: Atitalaquia, Calnali, Emiliano Zapata, Mineral de la Reforma, Tepeapulco, Zapotlán, Xochicoatlán, Xochiatipan, Chilcuautla, Ajacuba, Alfajayucan, Tetepango, Acaxochitlán, Chapulhuacán, Santiago Tulantepec, Atotonilco el Grande, Singuilucan, Mineral del Chico, Acatlán, Cardonal y El Arenal, todos por negar el presupuesto de egresos desglosado por cargo y percepción económica para el ejercicio fiscal 2018 y 2019.
Asimismo, se ordenó entregar los recibos de pago del presidente municipal de diciembre de 2018 a junio de 2019 a: Huehuetla, Molango, Santiago de Anaya, Zacualtipán, Xochicoatlán, Tetepango, Tezontepec de Aldama, Tepetitlán, Zempoala, Tepehuacán, Progreso, Francisco I. Madero, Agua Blanca y Huazalingo.
Al respecto, el comisionado presidente, Mario Zimbrón Téllez, comentó: “El Instituto seguirá trabajando de manera permanente con los sujetos obligados y capacitándolos con el objetivo de que logren identificar con precisión la información pública y garanticen a su vez la protección de datos personales o los supuestos de reserva de información que en su momento deberá avalar el comité de transparencia del sujeto obligado".
Finalmente, indicó que el Instituto refrenda su compromiso para trabajar de manera coordinada con los sujetos obligados y garantizar a la sociedad el ejercicio libre e irrestricto del derecho de acceso a la información.
