Los funcionarios públicos tendrán una nueva obligación, además de la presentación de la declaración de evolución de su patrimonio, deberán informar sobre conflicto de intereses y entregar una copia de su declaración fiscal, así lo establece la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas del estado, publicada en el Periódico Oficial (POEH).
De acuerdo con la ley, que entró en vigor este 10 de agosto de 2022, una de las nuevas obligaciones de los funcionarios públicos es la de “evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones”.
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La Secretaría de la Contraloría y los órganos internos de control estarán a cargo del sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, a través de la Plataforma Digital Estatal.
Por ley, el sistema de la tres de tres contendrá los datos públicos de las personas servidoras públicas obligadas a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses. De igual forma, se inscribirá la constancia que emita la autoridad fiscal, sobre la presentación de la declaración anual de impuestos.
Las declaraciones patrimoniales y de intereses son públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución Federal y la Constitución Local, establece la nueva ley de Responsabilidades Administrativas.
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La información relacionada con las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, puede ser solicitada y utilizada por el Ministerio Público, los Tribunales o las autoridades judiciales en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, la persona servidora pública interesada o bien, cuando las autoridades investigadoras, substanciadoras o resolutoras lo requieran con motivo de la investigación o la resolución de procedimientos de responsabilidades.
