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Juez federal evidenció falsificación de firmas en el proceso de extinción del Partido Encuentro Social (PES).
Presuntamente María Rebeca Cruz Bustos, interventora en el proceso de liquidación del partido Encuentro Social Hidalgo (PESH), tramitó un amparo en el Segundo Juzgado de Distrito en contra de actos del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo; sin embargo, el juez de distrito solicitó que acreditara con documento que le fueron otorgadas facultades de pleitos y cobranzas.
Del escrito, dijo el juzgador, se advierte “a simple vista” que la firma que lo calza difiere notablemente de la estampada en el escrito inicial de demanda de amparo, por lo que se solicitó la presencia física dela promovente para ratificar la demanda.
De acuerdo con el expediente 792/2022 del Segundo Juzgado de Distrito, la interventora intentó ampararse de una resolución del Juzgado Laboral, en el que le da la razón a un extrabajador del Partido Encuentro Social que reclama lo correspondiente a su liquidación, pero las firmas de los escritos presentados son inconsistentes, por lo que el juez federal ordenó un peritaje en materia de grafos copia y advirtió de las penas que contempla la ley para quienes declaren con falsedad ante una autoridad.
De continuar en trámite el amparo, el exempleado del PESH continuará sin poder hacer efectivo su cobro de liquidación, por haber prestado sus servicios en el partido político.
Cabe recordar que enero de 2022, en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo(POEH) se publicó la convocatoria para los interesados en cobrar alguna deuda con el PESH, partido que perdió su registro como instituto político estatal y por lo tanto, debía pasar a un proceso de liquidación.
De acuerdo con la publicación, el extinto PESH acumulaba deudas por un monto de 4.6 millones de pesos, ello con base en el aviso de liquidación emitido por María Rebeca Cruz Bustos, interventora en el proceso del otrora partido local.
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En los compromisos de créditos se enlista a los prestadores de servicio, autoridades fiscales, administrativas electorales y proveedores, por la suma de cuatro millones 694 mil 139 pesos.
En esa publicación se enlistaba a dos personas que prestaban servicios profesionales, y que reclamaban la cantidad de37 mil 500 pesos, los cuales no han sido cubiertos por la interventora y son motivo de reclamo en juzgados laborales.
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