Las autoridades municipales y estatales dejaron que la discriminación por motivos religiosos en Coamila, Huejutla, se recrudeciera y hoy 170 personas fueron desterradas de la comunidad, sus viviendas así como el templo “La Gran Comisión” cercados con alambres de púas, cuando las primeras reacciones contra civiles que profesan la religión cristiana datan de 2016, señaló el líder de ese culto, Pablo Vargas Jiménez, director de Impulso 18 y representante en México de Solidaridad Cristiana Mundial (CSW por sus siglas en inglés).
Precisamente él fue quien empezó dicha congregación en 2012, narró, “empezó con una familia” que pertenece a la Iglesia Bautista Fundamental y habían previsto que si sus vecinos católicos empezaban a “atacarlos” era mejor crear una colonia nueva que llamarían Tepanco, perteneciente a Rancho Nuevo, de la cual forma parte Coamila.
De Rancho Nuevo surgieron las primeras prohibiciones o “restricción de derechos”: les negaron el reconocimiento de los hijos nacidos en la localidad y los dejaron fuera de registros de programas sociales, incluso en 2018 una profesora se opuso a esas medidas “y la corrieron de la escuela”.
Hace tres años les advirtieron que si algún miembro de las más de 40 familias evangélicas fallecía, no les permitirían enterrarlo en el cementerio bajo el pretexto de que es un “panteón católico”, por lo que en 2023 dispusieron de un terreno para sepultar a tres habitantes y el último en marzo pasado, enlistó como parte de las acciones en contra de la comunidad cristiana y que lo fue sabiendo la autoridad municipal “que no ha querido reconocer el conflicto religioso”.
El anterior martes 23 de abril se había convocado a una mesa de pacificación entre los funcionarios de Huejutla y los vecinos de Rancho Nuevo, pero no acudieron los segundos al saber que los evangélicos habían acudido a Pachuca para pedir una solución.
Lo que dio paso al corte de postes que llevan el tendido eléctrico, saquear algunas casas, colocarles cerca de púas y designaron guardias comunitarias que les impidieran el regreso de los 170 desplazados, entre los que se cuentan aproximadamente 30 infantes, quienes en edad escolar les negaron el acceso a la escuela pública y para que no se quedaran sin educación, les imparten clases en el templo construido con madera.
Pese a todo lo anterior, el gobierno municipal y estatal ha sido omiso, aún cuando hay denuncias penales, afirmó.
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