El cuerpo policiaco de Acaxochitlán informó que en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal, emprendieron un operativo de revisión en aserraderos, donde decomisaron provisionalmente más de 130 metros cúbicos en madera de distintas especies, mismos que han de comprobar si se extrajeron de forma autorizada.
Dicha movilización, encabezada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), fue con la intención de inspeccionar aserraderos y así prevenir trasiego y tala clandestina, toda vez que Acaxochitlán ha detectado al menos seis puntos donde presuntamente se comete este delito del orden federal.
"En el primer punto se ubicaron 38 metros cúbicos en rollo de cedro blanco, 77.937 metros cúbicos en rollo de pino, en segundo punto 19.995 metros cúbicos en rollo de pino y en un tercer punto 1.960 m cúbicos en 08 trozas de pino mismas que recolecta en sus propio transporte para su aseguramiento y puesta a disposición", compartió la corporación municipal de seguridad. Esta madera fue puesta a disposición de la Profepa y asegurada temporalmente mientras dueños de aserraderos comprueban lo necesario.
Toda vez que la tala clandestina es un delito que se cataloga al encontrarse en flagrancia (es decir, cuando se sorprende a los ejecutores en el acto), no hubo personas detenidas tras el operativo. En ese sentido, el director de Ecología de la demarcación, Enrique Martínez, compartió que los puntos donde presuntamente se ejerce el delito federal pertenecen a las comunidades de Tepepa, Los Reyes, Zacacuautla, San Mateo, Coyametepec y La Mesa.
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Apenas el pasado 23 de abril, el Senado de la República aprobó la reforma para aumentar la pena por incurrir en actividades que tengan que ver con la tala clandestina, para imponer hasta 16 años de prisión a quien transporte, comercie, distribuya, compre, almacene, resguarde o transforme materias primas forestales o productos forestales maderables de forma ilegal.
"La propuesta establece una pena por tala de árboles de seis a nueve meses de prisión y de cien a tres mil días de multa. Además, aumenta de tres a 12 años de prisión en los casos en que se empleen armas de fuego u otros medios de violencia para la comisión del delito de tala ilegal. De acuerdo con el proyecto, esta pena se incrementará cuatro años más cuando se trate de un área protegida", enuncia el documento emitido por la Cámara legislativa.
