El 23 de septiembre de 1913, el senador Belisario Domínguez decidió escribir uno de los mejores discursos de la historia parlamentaria de México. Las palabras que pronunció aquel día denunciaron los múltiples crímenes cometidos por Victoriano Huerta, antes y después de usurpar el poder presidencial. Quince días después el legislador fue detenido y asesinado por el régimen golpista.
El doctor Belisario Domínguez subió a la tribuna con la intención de provocar las conciencias de sus compañeros legisladores para que el Congreso desconociera a Huerta y resolviera sobre un procedimiento para nombrar a un Presidente interino que convocara elecciones. Las palabras del Senador retumbaron en el Pleno de la Cámara y hasta los oídos del usurpador.
El incendiario discurso del parlamentario desconocía a Huerta por inestable mental, sanguinario y traidor. “¿Qué se diría de la tripulación de un gran navío que en la más violenta tempestad … nombrara piloto a un carnicero … y no tuviera más recomendación que la de haber traicionado y asesinado al Capitán del barco?” Pronunció, dejando atónitos a sus compañeros.
No era para menos, Huerta ya había asesinado al presidente Madero y al Vicepresidente Pino Suárez ¿qué se podían esperar los legisladores, así como el resto de los ciudadanos? El propio Belisario Domínguez lo reconoció cuando advirtió: “Me diréis, señores, que la tentativa es peligrosa, porque Victoriano Huerta es un soldado sanguinario y feroz que asesina sin vacilación ni escrúpulo a todo aquél que le sirve de obstáculo”.
El 10 de octubre de 1913, durante la sesión en la Cámara de Diputados, las fuerzas federales tomaron posesión del edificio y cuando concluyó la sesión arrestaron a más de 80 legisladores. Al día siguiente, el usurpador emitió un decreto mediante el cual cesaba el fuero constitucional de los individuos que hubieran integrado el Congreso. El Poder Legislativo había sido disuelto.
Los legisladores fueron perseguidos y juzgados por delitos presumiblemente fabricados. Después de la caída de Huerta, las figuras de inmunidad procesal e inviolabilidad parlamentaria fueron incorporadas a la Constitución de 1917. Aquellos terribles sucesos, nos permiten apreciar que estos conceptos jurídicos provienen de épocas más primitivas y violentas.
Tan solo, la inviolabilidad parlamentaria data del siglo XIV, cuando la Cámara de los Comunes la promovió ante los constantes hostigamientos de Ricardo II. En nuestro sistema normativo, ambos conceptos han sido establecidos desde la Constitución de 1824. Sin embargo, conviene recordar que estas figuras jurídicas no les pertenecen a los individuos como privilegios, sino a los cargos públicos con los que han sido investidos por la ciudadanía. Es así como nuestra Constitución prevé también los medios de control para acotar la inmunidad procesal, mismos que deben activarse cuando sea necesario, pero siempre respetando otro principio fundamental: la presunción de inocencia.
