Hasta el viernes anterior, según datos públicos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en Hidalgo se contabilizaban cinco incendios y un aproximado de mil 662 hectáreas siniestradas, apenas 79 menos del total de afectadas en 2023, que fue de mil 741 hectáreas, según datos de la misma dependencia federal.
Conforme al reporte, uno de los siniestros se encontraba 100 por ciento controlado y liquidado: Juárez Hidalgo, con una superficie preliminar dañada de 765 hectáreas.
Otros cuatro estaban activos:
Mineral del Chico, 100 por ciento controlado y 40 sofocado, con una extensión dañada por definir.
Nicolás Flores, por definir tanto su control y liquidación, con afectaciones calculadas hasta ese día de 864 hectáreas.
Zacualtipán de Ángeles, controlado al 50 por ciento y liquidado 50 por ciento, con daños en 50 hectáreas.
Y Emiliano Zapata, con un control y liquidación por definir, siendo una hectárea aproximada la siniestrada.
Este lunes seguramente la situación será mejor, pues en el de Nicolás Flores, el de mayor preocupación, apoyaban dos helicópteros, uno privado que costará al gobierno su servicio, y otro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que esperemos sea con cargo al presupuesto anual que recibe (259 mil 433 millones 804 mil 776 pesos) y no al presupuesto estatal (62 mil 82 millones 300 mil 903 pesos). Además, combatían los siniestros 756 personas.
Sin embargo, aún resta una semana más de asueto y el riesgo de nuevos incendios está latente porque un factor de incendio es la sequía por la falta de lluvias que ocasiona el cambio climático causado por el quehacer humano.
Y otro, el principal causante de incendios, según informa la Conafor, es simple y sencillamente el que hay más gente en los bosques.
Cada año los incendios forestales se registran y tienen una temporada que inicia el 15 de enero y concluye el 30 de junio, siendo el principal periodo de siniestros la Semana Santa.
Y lamentablemente no hay políticas públicas que obliguen a los visitantes a tener un comportamiento adecuado para evitar riesgo de incendio.
Y si las hubiera, ojalá algún regidor, diputado o senador haga que las difundan en las primarias y secundarias (principales centros de conciencia de nuestro país) desde un mes antes de que inicien las vacaciones, a fin de que se dispersen en la familia.
Sin embargo, ante la falta de sentido común que algunos padecemos, resultaría necesario el acompañamiento de una persona que muestre la técnica para hacer y apagar una fogata con todas las medidas necesarias (como quien se enseña a conducir), y que alguna autoridad dé constancias de este manejo para autorizar el acceso a bosques sin requerir acompañamiento.
También podría prohibirse el hábito de fumar en el bosque (ocurre en los hospitales, restaurantes, escuelas, etc.); así como obligar que dejen en los autos instrumentos de vidrio y espejos que provoquen incendios (como ocurre en los estadios, donde prohíben el acceso con botellas para obligar a los asistentes a comprarles dentro lo que beban).
Si algunas medidas instrumentadas en las zonas urbanas sirven para prevenir contaminación y fomentar la sana convivencia, ¿por qué no aplicar algunas en la protección de los bosques?
Después de esta temporada de incendios, sería mejor reforzar la prevención, capacitando a los campesinos con sus “quemas controladas” y organizar con asesoría y recursos a cooperativas rurales y autoridades comunales para reglamentar la estancia de campistas improvisados, incluso con apoyo de los experimentados.
Mientras la prevención llega, por ahora la autoridad está ocupada en invertir recursos para combatir incendios, lo que tampoco ha logrado con eficiencia, al menos desde el ámbito federal.
Un ejemplo es la Conafor, que este año cuenta con 28 combatientes y tres técnicos en Hidalgo, distribuidos en tres campamentos situados en Tulancingo, Parque Nacional El Chico y Zacualtipán.
La Comisión, por sus funciones, debería contar con más personal durante la temporada de incendio, al menos provisional, y permanentemente con aeronaves cisterna para utilizarlas en todo el país según la urgencia, a fin de que los estados no tengan que alquilarlas a empresarios, como ocurrió en Hidalgo.
Pero no, no es así.
Seguramente pasará otro año, que incluye los últimos meses del actual sexenio, y las decisiones y acciones de gobierno ante los incendios forestales seguramente continuarán como desde finales del siglo pasado.
Y ahora peor, pues de promulgarse la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, los estados y municipios cubrirán con su presupuesto la atención de situaciones de emergencia, quedando a discreción de la propia Federación apoyarles con recursos..
El dictamen que avaló la expedición de esa Ley, iniciativa presentada por el Ejecutivo federal, fue aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 22 de marzo, con 245 votos a favor y 205 en contra, y fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
