/ lunes 15 de enero de 2018

Crimen sin castigo: Cuando denunciar no sirve de nada

Esta es la primera de diez entregas que te acercarán a los problemas que han dejado una huella imborrable en México y que deberá atender quien resulte electo en los comicios presidenciales de este 2018

 

Miguel Rivera acababa de cumplir 20 años y decidió celebrar en la playa con su mejor amigo David. Los muchachos viajaron en auto de la Ciudad de México hacia Ixtapa Zihuatanejo, en Guerrero, cuando a la altura de Ciudad Altamirano fueron levantados por quienes parecían ser policías. Horas después sus familias sabrían que en realidad eran secuestradores.

Desde aquel 5 de enero de 2012 han pasado seis años de búsqueda incansable para dar con su paradero. Durante este tiempo sus seres queridos hicieron lo que la autoridad jamás logró: dar con la ubicación, el nombre y el alias de los criminales. Y a pesar de ello, ninguna fuerza gubernamental ha tenido la voluntad de hacer un operativo para rescatarlos y detener a los plagiarios.

La impunidad en México es tan grave que el dato duro enchina la piel: menos del 1% de los delitos cometidos se castiga. No importa el estado de la República en que el crimen tenga lugar, es casi improbable que el responsable pague.

Los secuestradores de Miguel y David lo sabían cuando se pusieron en contacto con sus familias para pedir el rescate, cuando recogieron el dinero en un convoy fuertemente armado a plena luz del día, como si no les importara que alguien los viera, y cuando cínicamente les mintieron asegurando que encontrarían a los jóvenes en un lugar donde no había nadie.

Hace 14 días se colocó un memorial en Paseo de la Reforma exigiendo que los dos jóvenes sean rescatados. FOTO: ROBERTO HERNÁNDEZ

DE MAL EN PEOR

Guillermo Zepeda fue pionero en estimar la impunidad en México. En su libro “Crimen sin castigo”, publicado en 2004, calculaba que se denunciaba una cuarta parte de los ilícitos cometidos y apenas se esclarecía el 4.5%. Al final, solo 1.06% terminaba en una sentencia condenatoria. Es decir, que la impunidad, entendida como delito sin castigo, era de 98.94%.

“Entonces fue un escándalo, pero hoy estamos peor: simplemente la probabilidad de esclarecer un delito es menor de 1%”, señala Zepeda a este diario.

El investigador del Colegio de Jalisco actualizó su estimación en un estudio publicado en 2017 con resultados aún más alarmantes. Ahora solo se denuncian 6.4% de los ilícitos y apenas se esclarece el 0.89%: casi ninguno.

A esta minúscula proporción de casos hay que restar además aquellos en los que el responsable no es capturado o no es vinculado a proceso y los que no terminan en condena. Esto deja, de acuerdo con Zepeda, una impunidad de alrededor del 99.5%. Es decir, que de cada mil crímenes se hace justicia ¡en cinco!

NO TODO ESTÁ PERDIDO

Pese al panorama sombrío, Zepeda destaca algunos ejemplos de lo que se está haciendo bien en lugares como Guanajuato y Nuevo León. Hoy son más efectivos en el esclarecimiento de delitos, lo que se traduce en más confianza ciudadana y por ende, en una mayor tasa de denuncia.

La diferencia con el resto del país es que están fortaleciendo sus mecanismos alternativos de solución de controversias gracias al nuevo sistema penal acusatorio, lo que  ha permitido desahogar a sus procuradurías de delitos menores para concentrar sus recursos en resolver los de alto impacto.

Así, mientras que los procesos alternativos para ilícitos menores terminan en general con acuerdos reparatorios, en los casos más graves se hace más y mejor investigación para dar con los responsables.

El problema es que la mayoría de los estados aún no aprovechan el potencial que ofrece el nuevo modelo penal, dice Zepeda.

Han pasado más de tres años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y aún no hay justicia para las víctimas. FOTO: DANIEL GALEANA

IMPUNIDAD Y VIOLENCIA

La impunidad es la constante en varios de los sucesos que más han estremecido a los mexicanos. Allí están los feminicidios que desde 1993 empezaron en Ciudad Juárez, una de las principales ciudades fronterizas de México, y ahora se han extendido a más regiones del país.

En la misma urbe también se recuerda la masacre de 16 estudiantes ocurrida hace exactamente ocho años en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, jóvenes a los que el entonces presidente Felipe Calderón criminalizó calificándolos de pandilleros para después recular públicamente.

La impunidad incrementa los niveles de crueldad. Y es que, en palabras de Guillermo Zepeda, “cuando no hay un contrapeso o una señal de que se va a cumplir la ley, se cometen las peores atrocidades”. Atrocidades como las de raptar a dos amigos como David y Miguel, engañar a sus seres queridos para que pagaran un rescate y a cambio nunca devolverlos.

 

 

 

Miguel Rivera acababa de cumplir 20 años y decidió celebrar en la playa con su mejor amigo David. Los muchachos viajaron en auto de la Ciudad de México hacia Ixtapa Zihuatanejo, en Guerrero, cuando a la altura de Ciudad Altamirano fueron levantados por quienes parecían ser policías. Horas después sus familias sabrían que en realidad eran secuestradores.

Desde aquel 5 de enero de 2012 han pasado seis años de búsqueda incansable para dar con su paradero. Durante este tiempo sus seres queridos hicieron lo que la autoridad jamás logró: dar con la ubicación, el nombre y el alias de los criminales. Y a pesar de ello, ninguna fuerza gubernamental ha tenido la voluntad de hacer un operativo para rescatarlos y detener a los plagiarios.

La impunidad en México es tan grave que el dato duro enchina la piel: menos del 1% de los delitos cometidos se castiga. No importa el estado de la República en que el crimen tenga lugar, es casi improbable que el responsable pague.

Los secuestradores de Miguel y David lo sabían cuando se pusieron en contacto con sus familias para pedir el rescate, cuando recogieron el dinero en un convoy fuertemente armado a plena luz del día, como si no les importara que alguien los viera, y cuando cínicamente les mintieron asegurando que encontrarían a los jóvenes en un lugar donde no había nadie.

Hace 14 días se colocó un memorial en Paseo de la Reforma exigiendo que los dos jóvenes sean rescatados. FOTO: ROBERTO HERNÁNDEZ

DE MAL EN PEOR

Guillermo Zepeda fue pionero en estimar la impunidad en México. En su libro “Crimen sin castigo”, publicado en 2004, calculaba que se denunciaba una cuarta parte de los ilícitos cometidos y apenas se esclarecía el 4.5%. Al final, solo 1.06% terminaba en una sentencia condenatoria. Es decir, que la impunidad, entendida como delito sin castigo, era de 98.94%.

“Entonces fue un escándalo, pero hoy estamos peor: simplemente la probabilidad de esclarecer un delito es menor de 1%”, señala Zepeda a este diario.

El investigador del Colegio de Jalisco actualizó su estimación en un estudio publicado en 2017 con resultados aún más alarmantes. Ahora solo se denuncian 6.4% de los ilícitos y apenas se esclarece el 0.89%: casi ninguno.

A esta minúscula proporción de casos hay que restar además aquellos en los que el responsable no es capturado o no es vinculado a proceso y los que no terminan en condena. Esto deja, de acuerdo con Zepeda, una impunidad de alrededor del 99.5%. Es decir, que de cada mil crímenes se hace justicia ¡en cinco!

NO TODO ESTÁ PERDIDO

Pese al panorama sombrío, Zepeda destaca algunos ejemplos de lo que se está haciendo bien en lugares como Guanajuato y Nuevo León. Hoy son más efectivos en el esclarecimiento de delitos, lo que se traduce en más confianza ciudadana y por ende, en una mayor tasa de denuncia.

La diferencia con el resto del país es que están fortaleciendo sus mecanismos alternativos de solución de controversias gracias al nuevo sistema penal acusatorio, lo que  ha permitido desahogar a sus procuradurías de delitos menores para concentrar sus recursos en resolver los de alto impacto.

Así, mientras que los procesos alternativos para ilícitos menores terminan en general con acuerdos reparatorios, en los casos más graves se hace más y mejor investigación para dar con los responsables.

El problema es que la mayoría de los estados aún no aprovechan el potencial que ofrece el nuevo modelo penal, dice Zepeda.

Han pasado más de tres años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y aún no hay justicia para las víctimas. FOTO: DANIEL GALEANA

IMPUNIDAD Y VIOLENCIA

La impunidad es la constante en varios de los sucesos que más han estremecido a los mexicanos. Allí están los feminicidios que desde 1993 empezaron en Ciudad Juárez, una de las principales ciudades fronterizas de México, y ahora se han extendido a más regiones del país.

En la misma urbe también se recuerda la masacre de 16 estudiantes ocurrida hace exactamente ocho años en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, jóvenes a los que el entonces presidente Felipe Calderón criminalizó calificándolos de pandilleros para después recular públicamente.

La impunidad incrementa los niveles de crueldad. Y es que, en palabras de Guillermo Zepeda, “cuando no hay un contrapeso o una señal de que se va a cumplir la ley, se cometen las peores atrocidades”. Atrocidades como las de raptar a dos amigos como David y Miguel, engañar a sus seres queridos para que pagaran un rescate y a cambio nunca devolverlos.

 

 

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