En México existe dos mil 377 funcionarios públicos federales que ganan más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, y que se traducen en un “excedente” de dos mil 264 millones de pesos que podrán reorientarse al nuevo fondo de pensiones del bienestar.
Al presentar el paquete de reformas que el mandatario envió al Congreso de la Unión el pasado 5 de febrero, la secretaria dijo que se viola el principio de austeridad impulsado por la 4T.
Aseguró que con “excusas” hay una resistencia a bajar los salarios de los altos funcionarios particularmente en el Poder Judicial, los órganos autónomos y en un “número indeterminado” de funcionarios en los estados, en los Poderes Judiciales locales.
En el caso de los órganos autónomos dijo que se trata de 182 personas que laboran en cuatro órganos autónomos y cobran un excedente de 97 millones 118 mil 124 pesos más en su salario y prestaciones.
Al detallar la propuesta de reforma al artículo 127 de la Constitución, Alcalde Luján dijo que la propuesta es que ningún servidor público gane más que el Presidente de la República, que no supere el equivalente a 73.04 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Significa que el ingreso promedio mensual no debe superar los 129 mil 241 pesos, equivalente a dos millones 764 mil 241 pesos.
Agregó que “los gastos propios del desarrollo del cargo y los que se realicen en cumplimiento de funciones oficiales no forman parte de la remuneración”.
La secretaria dijo que una vez que se apruebe la reforma se ajustarán todas las remuneraciones y los ahorros se canalizarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, la funcionaria presentó el llamado paquete de tres iniciativas de reforma: la de austeridad, el tope de salarios y la eliminación de órganos autónomos.
Ello prevé “prohibir la adquisición de bienes y servicios, eliminar gastos superfluos y prohibir esquemas de jubilaciones, seguros de separación y seguros de gasto médico, cajas de ahorro o seguros de vida”, dijo.
Respecto a la desaparición de los siete organismos autónomos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto de telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), así como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Aunque la secretaria Luis María Alcalde dijo que se busca desaparecer “el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) (sic)”, en realidad se trata de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, incluso cuando hizo la presentación la funcionaria dijo que se trataba de “Mejoredú”.
La funcionaria de la 4T agregó que se trata también de desaparecer 17 organismos descentralizados y desconcentrados federales para formar parte de las dependencias responsables de cada ramo, respetando los derechos de los trabajadores.
Ratificó que al desaparecer se generarán ahorros que también se destinarán al fondo de pensiones para el bienestar que se propuso crear para mejorar las pensiones de los burócratas y trabajadores en general.
Dijo que cada uno de esos órganos serían sectorizados a las dependencias de su rama, así las funciones del INAI las asumirá la Secretaría de la Función Pública y en el resto de los casos se regresará la labor de las secretarías de Energía, Infraestructura y Comunicaciones, la de Educación Pública y Energía.
Mientras el presupuesto de cada una de esos organismos también irán a conformar el fondo de pensiones.
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