Este jueves, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reanudan la votación del proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar Morales, el cual propone eliminar o ignorar el Artículo 19 de la Constitución que contempla la Prisión Preventiva Oficiosa, también conocida como automática.
Luego de que el lunes y martes los 11 ministros dieron sus consideraciones sobre por qué sí o por qué no eliminar la medida cautelar de la Carta Magna, se prevé que sea este jueves, tras la solicitud del ministro ponente de aplazar la votación, cuando decidan qué ruta legal seguir sobre este proyecto que iba a ser discutido inicialmente la semana pasada.
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La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que priva de la libertad a cualquier persona que sea acusada de cometer alguno de los 16 delitos que se contemplan en la Constitución sin siquiera comprobar la culpabilidad del imputado, ello porque de acuerdo con el Artículo, el juez está obligado a ordenarla por la gravedad del crimen, lo que imposibilita a la persona de continuar con su proceso en libertad.
Los delitos que se enumeran son abuso sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, huachicoleo y desaparición forzada por mencionar algunos.
Sin embargo, por ser violatoria del derecho a la presunción de inocencia y a la libertad, organizaciones de la sociedad civil se han manifestado contra la prisión preventiva automática, pues consideran que es principalmente dañina hacia aquellas personas que no tienen recursos para pagar una correcta defensa.
El propio ministro Aguilar Morales en la exposición de su proyecto el lunes estimó que en el país se ha normalizado el uso de esta medida cautelar aun y cuando los estándares internacionales dicen que debe de ser excepcional. Según cifras expuestas por él, en México hay al menos 92 mil personas privadas de la libertad bajo la modalidad de prisión preventiva oficiosa.
Hasta ahora son siete ministros los que se han posicionado en contra del proyecto, es decir, por mantener la medida cautelar. Sin embargo, de ellos, tres –Jorge Mario Pardo, Margarita Ríos Farjat y Javier Laynez Potisek– reconocieron lo perjudicial de ella, pero argumentaron que la SCJN no tiene facultad para eliminarla.
A favor del proyecto, además del ponente, se han pronunciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Norma Lucía Piña Hernández y Arturo Zaldívar, pero al momento no queda claro si será aprobado, ya que el ministro Luis María Aguilar adelantó que barajaría la posibilidad de retirarlo para su modificación tras los argumentos de sus colegas.
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Esta misma mañana, el gobierno federal volvió a arremeter contra la Suprema Corte a través del subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, quien aseguró que si ésta determina acotar la prisión preventiva oficiosa estará cometiendo “un fraude a la Constitución por la vía judicial”.
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