Suspenden a once empleados municipales

ATOTONILCO DE TULA.- Once funcionarios municipales fueron suspendidos temporalmente de su cargo por la Contraloría Municipal, son investigados por probables actos u omisiones posiblemente constitutivos de faltas administrativas, en este caso por sustraer información y realizar pagos ilegales.

Juan Manuel Rivera Oria, autoridad investigadora de la Contraloría Municipal a través de un oficio de fecha 20 de octubre del 2020 giró un oficio a Claudia Areli Tovar Sánchez de Bibliotecas, Adriana Mata Sánchez, de Intendencia, Elidet Roldán Mendoza, del área de Salud, Norma Cruz Estrada de Reglamentos, Carlos Martínez Gil, de Tesorería, Guissel Pacheco Martínez de Cultura, Angelli Doníz Tovar de Desarrollo Urbano, Evelyn Fuentes Hernández, de Adquisiciones, Lucía Ángeles Tovar del Instituto de la Mujer, Oscar Navarrete López, de Obras Públicas y Leylanhi Cortés Corona, secretaria de la presidencia.

En el documento les informa que Yuvicela Santiago Ángeles, autoridad sustanciadora y resolutoria del municipio, ordenó su separación temporal del cargo hasta que se desahogue el trámite correspondiente y se dicte resolución interlocutoria dentro del expediente PM/CJM/NC/02-2020, donde se les investiga por sustraer información y realizar pagos ilegales.

Asimismo, se les advirtió que de no cumplir la medida cautelar impuesta en su contra se le impondrán medidas de apremio consistentes en: multa de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual podrán aplicarse a triplicar en cada ocasión, hasta alcanzar 2000 veces el valor diario de la unidad de medida y que se podrán hacer actualizaciones en caso de renuencia al cumplimiento del mandato respectivo.

Otras sanciones contempladas en caso de no atender la suspensión, son arresto hasta por 36 horas y solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de gobierno para desalojarlos de la alcaldía.

Se conoció que los funcionarios ya no se presentaron ayer a laborar.

DATO

Son once los trabajadores municipales a quienes la Contraloría inició un proceso administrativo