Por corrupción hay colonias irregulares en Pachuca

La existencia de 378 colonias irregulares en Pachuca se debe en un 97 por ciento (%) a la “incompetencia” de los funcionarios y el 3% a la “corrupción” para construirse; la solución para municipalizarlas es con voluntad política, planteó el presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas-Hidalgo, Daniel Arturo Silva Álvarez.

“De las 472 colonias registradas en la capital, más del 80% no están regularizadas y quienes habitan en esas 472, el 70% no paga su impuesto predial; para la subsistencia de un ayuntamiento se debe al pago de las contribuciones o impuestos”, informó a manera de panorama.

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Municipalizados solo 40 fraccionamientos en Pachuca 

En 2021, siendo director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Pachuca, junto con su personal, elaboraron el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca, publicado oficialmente en 2022, con ese instrumento cabildeo entre los regidores para que aprobaran un avance histórico: todas las colonias están regularizadas en cuanto al uso de suelo.

“Hay dos tipos de uso de suelo en Pachuca: urbanizable y no urbanizable; aproximadamente 200 colonias estaban en suelos no urbanizables”, por lo que intervino con la anuencia del cabildo, “porque al final del día ya viven ahí (las personas) y no podemos derribar todas las casas”.

Pero la municipalización es “más complicado; es un tema añejo y se debió, desde mi punto de vista, a la incompetencia de los servidores públicos en la Secretaría de Obras Públicas estatal y municipal, por lo menos desde el sexenio estatal anterior y cuatro más del pasado.

“Fue una explotación desmedida en Zapotlán, Zempoala, San Agustín Tlaxiaca, Mineral de la Reforma y Pachuca”, señaló.

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Excluyó al actual cuatrienio municipal capitalino, ya que ellos solamente heredaron el problema, “y no le va dar tiempo al alcalde porque le llevaría el proceso siete a ocho años.

Exhortó a los colonos a unirse para tramitar la municipalización, mediante oficio dirigido al presidente municipal en turno y pedir la intervención del gobernador, “tardaría entre 10 a 20 años”, dependiendo de cada caso.