/ miércoles 3 de enero de 2024

Iniciativa "Bando de Policía y Buen Gobierno de Tulancingo", castigará la corrupción 

Desde 1995 esta normativa no había sido modificada; ahora es más inclusiva y estricta 

El recién actualizado Bando de Policía y Buen Gobierno en Tulancingo incorpora medidas significativas, siendo una de ellas la inclusión de la corrupción como un delito puntual que debe ser denunciado y castigado. La entrada en vigor de este nuevo reglamento se produjo tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) esta semana, luego de ser aprobado por la asamblea municipal hace quince días.

Dicho bando está conformado por 186 artículos y cuatro artículos transitorios, en la normativa actualizada fue incluida la anticorrupción de servidores públicos, representa una actualización necesaria ya que no se modificaba desde 1995.

En la nueva normativa está definida la corrupción como todo acto u omisión de los servidores públicos, que en el ejercicio o desempeño de su cargo y de los derechos que se le confían, incurra en conductas constitutivas de cohecho, soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos.

De igual manera si cometen nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales, entre otras conductas similares, en detrimento del erario público, de la función pública y del patrimonio y derecho de los ciudadanos.

La nueva ordenanza establece que todos los servidores públicos municipales deberán observar de manera estricta en el desempeño de sus facultades y atribuciones lo señalado en las normas jurídicas que los rigen, así como lo dispuesto en la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción de Hidalgo.

Se añade también en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo y en el Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos del Municipio de Tulancingo de Bravo.

Además, se especifica que en casos donde se detecten posibles actos de corrupción relacionados con las actividades de los servidores públicos municipales, estos deben denunciarlos ante el Tribunal del Órgano Interno de Control para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.


El recién actualizado Bando de Policía y Buen Gobierno en Tulancingo incorpora medidas significativas, siendo una de ellas la inclusión de la corrupción como un delito puntual que debe ser denunciado y castigado. La entrada en vigor de este nuevo reglamento se produjo tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) esta semana, luego de ser aprobado por la asamblea municipal hace quince días.

Dicho bando está conformado por 186 artículos y cuatro artículos transitorios, en la normativa actualizada fue incluida la anticorrupción de servidores públicos, representa una actualización necesaria ya que no se modificaba desde 1995.

En la nueva normativa está definida la corrupción como todo acto u omisión de los servidores públicos, que en el ejercicio o desempeño de su cargo y de los derechos que se le confían, incurra en conductas constitutivas de cohecho, soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos.

De igual manera si cometen nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales, entre otras conductas similares, en detrimento del erario público, de la función pública y del patrimonio y derecho de los ciudadanos.

La nueva ordenanza establece que todos los servidores públicos municipales deberán observar de manera estricta en el desempeño de sus facultades y atribuciones lo señalado en las normas jurídicas que los rigen, así como lo dispuesto en la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción de Hidalgo.

Se añade también en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo y en el Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos del Municipio de Tulancingo de Bravo.

Además, se especifica que en casos donde se detecten posibles actos de corrupción relacionados con las actividades de los servidores públicos municipales, estos deben denunciarlos ante el Tribunal del Órgano Interno de Control para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.


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