Como una idea a “largo plazo”, al menos en Hidalgo, es que la animalista Luisa Jiménez define al decreto federal por el cual el Estado abrirá clínicas veterinarias públicas en todo el país, toda vez que, considera, falta especialización en órganos burocráticos así como una auténtica conciencia sobre el status que guarda la presencia de animales en la entidad. Según su experiencia de 11 años de rescatista y defensora de los derechos de animales, así como estudios demográficos en la materia, en Hidalgo vivimos “rebasados de población canina y felina”.
“El estado está obligado a atender a los animales, pero hay que escalar prioridades. Una de ellas es la de controlar la población de perros y gatos, actualmente no existe un censo demográfico en el que se conozca de acuerdo a las zonas y sus respectivas condiciones, cuál es la situación animal en las distintas localidades”, señaló la activista e impulsora de la Asociación Civil “Jauría de Balú”.
Y es que según menciona, algunas de las problemáticas que no han podido erradicarse con el tiempo y pese a que en últimos años se condena más fuerte, al menos en el plano social (hechos como el maltrato o abandono animal), sigue sin haber grandes cambios a niveles institucionales. Mencionó, por ejemplo, que no hay dimensión social sobre el valor de los animales, ya que para situaciones jurídicas e incluso querellas, se siguen concibiendo como “cosas” y no como seres sintientes.
A esta situación, se suma el hecho de que “casi no hay especialistas en la Procuraduría que ejerzan como forenses zootecnistas, por lo que se alentan denuncias de maltrato y aunque se ha buscado aumentar los castigos, falta analizar cómo está formado el Código Penal en cuanto a este tipo de denuncias”, abundó.
Dijo que este decreto federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 24 de enero, obliga a los diferentes municipios a estudiar demográficamente a sus individuos animales, contemplando no solo su número, sino también sus dinámicas. Dicho censo, mencionó, serviría para dar avance a la reforma de ley por la cual el Estado debe ofrecer servicios veterinarios públicos y gratuitos.
Cabe recordar que dicho decreto es una reforma al párrafo sexto del artículo 87 bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, mismo que entró en vigor desde la mencionada fecha y establece que:
“Las entidades federativas en coordinación con los municipios (...) garantizarán en la medida de lo posible la esterilización gratuita de animales, y su trato digno y respetuoso en los centros de control animal, estableciendo las sanciones correspondientes para todo aquel que maltrate a los animales. De igual forma, promoverán el establecimiento de Clínicas Veterinarias Públicas con el objeto de suministrar a los animales atención médica preventiva y, en caso de enfermedad, brindar tratamiento médico expedito avalado por un médico veterinario”
Según se estipula, los Congresos estatales tienen hasta 180 días naturales luego del 24 de enero para legislar lo correspondiente y garantizar el “cabal cumplimiento” al mandato federal. Sin embargo, este decreto estipula en su artículo tercero transitorio que la medida “estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria de las entidades federativas y los municipios en cada ejercicio fiscal”
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