ATITALAQUIA, Hgo.- Esta tarde se lleva a cabo una reunión entre dependencias federales, estatales y municipales con habitantes de Atitalaquia que se oponen a la operación del Centro Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (CRTRSU), en la comunidad de El Cardonal. Los habitantes señalaron que acuden para establecer la ruta del cierre técnico de la instalación.
Los inconformes de Atitalaquia han puesto en la mesa que solicitan el cierre definitivo del Centro Regional y exigen que le procedimiento tenga el acompañamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
También piden el esclarecimiento del asesinato de Jesús Bañuelos Acevedo, el acompañamiento legal del hecho, la protección inmediata de familiares y testigos del hecho en el que fue asesinado.
Asimismo, que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso y que se cree un fideicomiso estatal para su familia, la señora Martha Hernández e hijos menores de edad. Y que sea considerada una pensión por parte del gobernador electo, Julio Menchaca Salazar.
Los ciudadanos exigen igualmente la expropiación al predio de la empresa Esmex para hace una zona de restauración ecológica, en cumplimiento del compromiso realizado en el año 2021 por el gobernador Omar Fayad, de la realización de un parque ecológico en el terreno de la fallida refinería Bicentenario.
Expusieron que Atitalaquia no es el mismo lugar que era en 2012 cuando ocurrió un accidente químico.
“Hoy es el municipio con la peor calidad del aire del país.
Saturado de proyectos que emiten y transfieren al medio ambiente sustancias contaminantes y quienes sufren esta situación son los habitantes.”
Y destacaron que lo que pase hoy en Atitalaquia juega un papel importante en cómo se va a dar el desarrollo económico.
“Lo que se está jugando aquí, es como se va proceder en el resto del país en las zonas que están en emergencia ambiental.”
Y denunciaron que en Atitalaquia al autorizar la operación de Centro Regional, ha habido varias omisiones y se ha violado y se está violando el derecho a la información.
Porque se pretende mantener en reserva la información de cómo se autorizó la instalación y operación de la empresa durante dos años.”
Exigieron se les dé a conocer toda la información respecto a la autorización y reiteraron, “venimos por el cierre técnico y una ruta de cierre (del Centro Regional). Por lo que tienen la obligación de presentar los documentos que avalan su operación sino, no tienen nada a que venir.”
La reunión se da en un ambiente tenso, en medio de rechiflas para los funcionarios estatales y municipales.
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