/ sábado 31 de octubre de 2020

Ex rector de UPFIM busca cobijo federal

El exrector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM), Juan de Dios N. N., involucrado supuestamente en la denominada Estafa Maestra, consiguió una suspensión provisional para no ser detenido, mientras se determina si se le conceden o no el amparo de la ley federal. El exfuncionario que ha sido señalado de actos ilícitos durante su administración al frente de la Universidad ubicada en Francisco I. Madero; el pasado 27 de octubre promovió un amparo en contra de actos privativos de la libertad, concretamente la orden de aprehensión, y se le concedió la suspensión provisional a cambio de una garantía económica de cuatro mil 500 pesos.

El tercer juzgado de distrito ordenó que se le tenga por presentado el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en su función de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Hidalgo, dicho asunto fue registrado bajo el número 838/2020.

Se fijaron las 9:50 horas del tres de diciembre para la celebración de la audiencia Constitucional, Cabe señalar que la suspensión provisional concedida tiene efecto solo para que “las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no sea privado de su libertad personal con motivo de la orden de aprehensión, hasta que se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva”.

En la resolución, el juzgador federal aclara que “la concesión de la suspensión no impide que el quejoso sea privado de su libertad si el delito por el que se ha ordenado la aprehensión está considerado como grave”. Cabe recordar que durante la rectoría de Juan de Dios N. N. al frente de la UPFIM, hubo señalamientos tanto de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), como de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Por su parte, la ASF señaló a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de causar daño al erario público por casi 200 millones de pesos, ello por presentar supuesta información simulada.

El exrector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM), Juan de Dios N. N., involucrado supuestamente en la denominada Estafa Maestra, consiguió una suspensión provisional para no ser detenido, mientras se determina si se le conceden o no el amparo de la ley federal. El exfuncionario que ha sido señalado de actos ilícitos durante su administración al frente de la Universidad ubicada en Francisco I. Madero; el pasado 27 de octubre promovió un amparo en contra de actos privativos de la libertad, concretamente la orden de aprehensión, y se le concedió la suspensión provisional a cambio de una garantía económica de cuatro mil 500 pesos.

El tercer juzgado de distrito ordenó que se le tenga por presentado el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en su función de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Hidalgo, dicho asunto fue registrado bajo el número 838/2020.

Se fijaron las 9:50 horas del tres de diciembre para la celebración de la audiencia Constitucional, Cabe señalar que la suspensión provisional concedida tiene efecto solo para que “las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no sea privado de su libertad personal con motivo de la orden de aprehensión, hasta que se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva”.

En la resolución, el juzgador federal aclara que “la concesión de la suspensión no impide que el quejoso sea privado de su libertad si el delito por el que se ha ordenado la aprehensión está considerado como grave”. Cabe recordar que durante la rectoría de Juan de Dios N. N. al frente de la UPFIM, hubo señalamientos tanto de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), como de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Por su parte, la ASF señaló a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de causar daño al erario público por casi 200 millones de pesos, ello por presentar supuesta información simulada.

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