El gobierno federal al facultar a los profesores, padres y hasta alumnos la decisión de ampliar o remodelar una escuela, pone en riesgo la vida de los estudiantes, ya que se harían sin la supervisión de un especialista técnico, señaló el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Hidalgo, Rubén Pérez Ángeles, responsabilidad que recaía en el desaparecido Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFE).
Recordó que el pasado 30 de septiembre, con la nueva Ley General de Educación, se extinguió al INIFE, por ello “una remodelación o mantenimiento o ampliación de espacios educativos quedará a criterio de la comunidad educativa”.
Consideró que una pintura, cambiar una ventana o puerta “no hay riesgo”, pero reforzar un muro, construir un módulo de salones o algo más de este tipo, “surge la duda de que no se tramite la licencia o el permiso, y tampoco se contemple la contratación de un especialista técnico o director responsable y corresponsable de obra”.
En el nuevo marco jurídico, explicó, la SEP asume el compromiso para que en 180 días, a partir de septiembre de 2019, se vinculen los padres, alumnos y autoridades con la Secretaría para poder administrar y tomar las decisiones sobre el plantel, según sea el caso.
Rubén Pérez opinó que con esto surgirán comparativos de costo entre el precio que da una empresa por un aula y el que significaría para la comunidad educativa; “de origen será real, definitivamente habrá un abismo”, pero la empresa constructora tiene obligaciones fiscales y patronales, mientras que los papás y maestros no.
También impactará negativamente en las fuentes de empleo para los ingenieros civiles o especialistas técnicos, refirió.
Por eso, como Colegio preparan un documento para los diputados locales, pues deben legislar sobre las adecuaciones al marco legal estatal al desaparecer el INIFE, a más tardar en marzo.
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