/ lunes 12 de febrero de 2024

Conflicto en Secundaria Uno de Tulancingo: acusan hostigamiento y discriminación de género

Aunque han solicitado apoyo de la SEPH y del SNTE, aseguran que no han tenido éxito para obtener una audiencia

Hay un conflicto sustentado en omisiones a medidas cautelares dictadas por la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) así como por hostigamiento laboral en razón de género al interior de la Secundaria Número 1 de Tulancingo, considera la doctora Julieta Castelán Cuevas, directora asignada a esta escuela por el órgano educativo, pero cuyo cargo no ha podido retomar desde el pasado primero de febrero.

De hecho, “la gota que derramó el vaso” para este conflicto que sufre la administración escolar de dicho plantel ocurrió en esa misma fecha, cuando la delegación sindical de la secundaria cerró arbitrariamente las puertas de la institución y dejó a decenas de estudiantes sin clases y a la deriva para volver a sus hogares propiamente, tal cual lo informamos en El Sol de Tulancingo.

En ese momento, los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la secundaria, argumentaron ante diversos medios de comunicación que el cierre era “en protesta” por la asignación de la directora, a quien señalaron por presuntos actos ilegales de los cuales, aseguraron “tenían algunas pruebas”. Sin embargo, fue hasta este lunes 12 de febrero que la contraparte de la controversia, la propia directora Julieta, ofreció su versión en conferencia de prensa.


El origen del conflicto en la Secundaria 1 de Tulancingo

Ella relata que todo se originó desde el 2021, cuando arribó el actual delegado sindical a la Secundaria 1. Desde ese momento, según cuenta, entre él y la supervisora escolar orquestaron una red de difamaciones y falsas acusaciones en su contra. A razón de su crecimiento profesional, la directiva solicitó una beca para estudiar el doctorado y motivo por el cual dejó el plantel durante un tiempo. No obstante, el presunto acoso y hostigamiento no terminó ahí.

“Aun estando fuera del plantel educativo con el permiso correspondiente para continuar con mis estudios de Doctorado, las acciones de probable acoso laboral persisten por parte de la supervisora escolar y del delegado sindical, difundiendo falsos delitos para denostar mi persona y trayectoria profesional entre el personal escolar (incluso el de nuevo ingreso) y con los padres de familia. Por ello tomé la decisión de denunciarlos en septiembre de 2022 ante Gobierno del Estado, SEP, SNTE, Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública, solicitando se realice una Investigación para descartar los falsos delitos que han difundido y de esa manera no se siga acentuando el clima laboral cuyo único propósito es excluirme de mi centro de trabajo”, señaló

En respuesta, el Órgano Interno de Control de la SEPH concedió medidas cautelares para salvaguardar su protección, entre las cuales dictaminaron que el delegado no podría permanecer en el plantel el día en que ella volviera a la escuela (el pasado primero de febrero); sin embargo, fue en esa misma fecha en que esta persona presuntamente cerró las instalaciones de “la Uno”, colocando un candado en los accesos y notificó únicamente a selectos grupos del turno vespertino.

“Al momento de reinstalarme se deben separar de sus funciones tanto el delegado sindical como la supervisora escolar para llevar a cabo la investigación correspondiente (...) de este modo, al tomar posesión nuevamente de mi cargo, el delegado sindical deberá presentar las supuestas pruebas que tiene de irregularidades en mi función como directora y en la fecha que estaba previsto mi regreso la escuela fue cerrada, exponiendo a los estudiantes a ser probables víctimas de cualquier accidente al tener que regresar a su casa sin que sus padres hubiesen tenido previo conocimiento de que no habría clases. Esta acción, la suspensión de clases sin motivo de fuerza mayor, vulnera los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes”, abunda.

En este sentido, la obstrucción supuestamente ejercida por el delegado sindical y la supervisora también se extendió a la maestra Verónica Alejandra Castelán, docente de más de 20 años de trayectoria en esta escuela y que fue nombrada como subdirectora en 2022. Según contó ella, el día en que tomaría el puesto, “el delegado llamó a reunión sindical urgente, y suspendió clases para ello. En dicho llamado, por un lado dejó a la mayoría del personal en la biblioteca esperando que diera inicio la reunión, y mientras tanto encabezó un grupo de aproximadamente 10 personas para impedir el paso al jefe de sector”.

Para solucionar la inconformidad, la SEPH asignó a la maestra Verónica para ser subdirectora en otra escuela, pese a que por condiciones de salud y recomendaciones médicas, está inhabilitada para manejar en carretera, debido a que perdió el 80 por ciento de visión en uno de sus ojos. Desde entonces no se le permite la entrada a la Secundaria Uno, ni siquiera para recoger sus objetos personales.

A este bloqueo burocrático que sufren ambas, para los cuales de hecho ya alistan denuncias penales formales, se suman comentarios y actitudes propias de discriminación por razón de género. Según coincidieron las dos afectadas, el supuesto inconforme ha manifestado en reiteradas ocasiones que “no está de acuerdo en que hayan muchas mujeres encabezando” o “que no está bien que tantas mujeres ocupen puestos directivos”. Incluso, aseguran las maestras, expresó su inconformidad cuando se han planteado contenidos educativos basados en equidad de género.

Hay un conflicto sustentado en omisiones a medidas cautelares dictadas por la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) así como por hostigamiento laboral en razón de género al interior de la Secundaria Número 1 de Tulancingo, considera la doctora Julieta Castelán Cuevas, directora asignada a esta escuela por el órgano educativo, pero cuyo cargo no ha podido retomar desde el pasado primero de febrero.

De hecho, “la gota que derramó el vaso” para este conflicto que sufre la administración escolar de dicho plantel ocurrió en esa misma fecha, cuando la delegación sindical de la secundaria cerró arbitrariamente las puertas de la institución y dejó a decenas de estudiantes sin clases y a la deriva para volver a sus hogares propiamente, tal cual lo informamos en El Sol de Tulancingo.

En ese momento, los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la secundaria, argumentaron ante diversos medios de comunicación que el cierre era “en protesta” por la asignación de la directora, a quien señalaron por presuntos actos ilegales de los cuales, aseguraron “tenían algunas pruebas”. Sin embargo, fue hasta este lunes 12 de febrero que la contraparte de la controversia, la propia directora Julieta, ofreció su versión en conferencia de prensa.


El origen del conflicto en la Secundaria 1 de Tulancingo

Ella relata que todo se originó desde el 2021, cuando arribó el actual delegado sindical a la Secundaria 1. Desde ese momento, según cuenta, entre él y la supervisora escolar orquestaron una red de difamaciones y falsas acusaciones en su contra. A razón de su crecimiento profesional, la directiva solicitó una beca para estudiar el doctorado y motivo por el cual dejó el plantel durante un tiempo. No obstante, el presunto acoso y hostigamiento no terminó ahí.

“Aun estando fuera del plantel educativo con el permiso correspondiente para continuar con mis estudios de Doctorado, las acciones de probable acoso laboral persisten por parte de la supervisora escolar y del delegado sindical, difundiendo falsos delitos para denostar mi persona y trayectoria profesional entre el personal escolar (incluso el de nuevo ingreso) y con los padres de familia. Por ello tomé la decisión de denunciarlos en septiembre de 2022 ante Gobierno del Estado, SEP, SNTE, Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública, solicitando se realice una Investigación para descartar los falsos delitos que han difundido y de esa manera no se siga acentuando el clima laboral cuyo único propósito es excluirme de mi centro de trabajo”, señaló

En respuesta, el Órgano Interno de Control de la SEPH concedió medidas cautelares para salvaguardar su protección, entre las cuales dictaminaron que el delegado no podría permanecer en el plantel el día en que ella volviera a la escuela (el pasado primero de febrero); sin embargo, fue en esa misma fecha en que esta persona presuntamente cerró las instalaciones de “la Uno”, colocando un candado en los accesos y notificó únicamente a selectos grupos del turno vespertino.

“Al momento de reinstalarme se deben separar de sus funciones tanto el delegado sindical como la supervisora escolar para llevar a cabo la investigación correspondiente (...) de este modo, al tomar posesión nuevamente de mi cargo, el delegado sindical deberá presentar las supuestas pruebas que tiene de irregularidades en mi función como directora y en la fecha que estaba previsto mi regreso la escuela fue cerrada, exponiendo a los estudiantes a ser probables víctimas de cualquier accidente al tener que regresar a su casa sin que sus padres hubiesen tenido previo conocimiento de que no habría clases. Esta acción, la suspensión de clases sin motivo de fuerza mayor, vulnera los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes”, abunda.

En este sentido, la obstrucción supuestamente ejercida por el delegado sindical y la supervisora también se extendió a la maestra Verónica Alejandra Castelán, docente de más de 20 años de trayectoria en esta escuela y que fue nombrada como subdirectora en 2022. Según contó ella, el día en que tomaría el puesto, “el delegado llamó a reunión sindical urgente, y suspendió clases para ello. En dicho llamado, por un lado dejó a la mayoría del personal en la biblioteca esperando que diera inicio la reunión, y mientras tanto encabezó un grupo de aproximadamente 10 personas para impedir el paso al jefe de sector”.

Para solucionar la inconformidad, la SEPH asignó a la maestra Verónica para ser subdirectora en otra escuela, pese a que por condiciones de salud y recomendaciones médicas, está inhabilitada para manejar en carretera, debido a que perdió el 80 por ciento de visión en uno de sus ojos. Desde entonces no se le permite la entrada a la Secundaria Uno, ni siquiera para recoger sus objetos personales.

A este bloqueo burocrático que sufren ambas, para los cuales de hecho ya alistan denuncias penales formales, se suman comentarios y actitudes propias de discriminación por razón de género. Según coincidieron las dos afectadas, el supuesto inconforme ha manifestado en reiteradas ocasiones que “no está de acuerdo en que hayan muchas mujeres encabezando” o “que no está bien que tantas mujeres ocupen puestos directivos”. Incluso, aseguran las maestras, expresó su inconformidad cuando se han planteado contenidos educativos basados en equidad de género.

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