Además de reprobar el desplazamiento de las familias en Coamila, Huejutla, por intolerancia religiosa, la diputada local e integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a las Personas con Discapacidad, Gabriela Godínez Hernández, hizo un llamado enérgico al gobierno municipal y estatal para que resuelvan la situación de los desterrados en el marco de la Ley de libertad de culto en México.
Luego de exponerle los antecedentes al respecto que dio a conocer Pablo Vargas, el director de Impulso 18, una asociación civil que promueve la libertad religiosa y asesora a personas como los expulsados de esa comunidad de la Huasteca, dijo que el Poder Ejecutivo y Judicial del estado deben demostrar que en Hidalgo se aplica la ley, como lo ha demostrado en algunos casos de corrupción y abuso de autoridad, el gobernador Julio Menchaca.
“No podemos enviar el mensaje de que hay hidalguenses de primera y de segunda, que la ley se aplica para unos y para otros no, estamos hablando de familias completas que fueron desplazadas de sus viviendas por el simple hecho de tener una religión distinta a la de la mayoría.
“Hay infantes a los que, no ahorita ni ayer, se les negó el acceso a una educación pública y gratuita en una escuela de gobierno, que no reciben los apoyos del gobierno federal y estatal, porque sus padres pertenecen a una religión distinta a sus vecinos”, al tiempo que hizo un llamado enérgico a los funcionarios para no ocultar el conflicto, actuar porque lo sabían desde 2016.
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