Burocratismo acabaría con ganadería: Ganadero

Para el ganadero de Juárez Hidalgo, Arsenio Pérez Bazán, como para cientos más de la región, la actividad está en riesgo de desaparecer por la sequía (falta de agua y pastos) y especialmente por el burocratismo municipal que consume tiempo para permitir la comercialización de los hatos, por lo que exigió un foro y mesa técnica de trabajo para revisar los trámites que evite un déficit cárnico principalmente en Hidalgo y luego en Querétaro y Ciudad de México.

Primeramente, desde 2004 les prometieron del gobierno estatal que si sus reces estaban aretadas había posibilidades de exportarlas, casi 20 años de esa promesa sin cumplir, el sistema de aretado (un sistema de identificación individual de los animales, con lo que el hato estará debidamente registrado en sistemas electrónicos que podrán ser leídos por scaners, lo que permitirá rastrear su origen e incluso coadyuvará a disminuir el robo de ganado, según Sagarpa), se ha traducido en pérdidas económicas cuando se trata de su venta.

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“Nos mintieron”, señaló.

El sistema describió implica registro del fierro quemador, pagar una cuota a la Asociación ganadera estatal, pagar el arete de 45 pesos por unidad, mandar un médico veterinario que tarda entre tres a cinco meses y cobra de 45 a 100 pesos, según el número de aretes comprados y luego tardan de tres semanas a un mes para subirlos al sistema: “entonces el procedimiento es muy protocolario, ya no lo queremos por ser burocrático” y en las alcaldías de la Huasteca si no se cumplen los requisitos no otorgan la guía de movilización, así sea para vender entre vecinos ubicados a escasos metros de distancia.

Con la sequía que se traduce en falta de agua y forrajes, aunado a lo narrado, “el ganado se está muriendo por enfermedades, es costoso alimentarlo y no venderlo, y la mayoría de productores (en su municipio estima aproximadamente 300) de la región está por tirar la toalla” y afectaría a tres entidades que consumen el cárnico.

Refirió que acudieron al Congreso local y fue la diputada local, Gabriela Godínez Hernández la que pronunció el acuerdo económico para que los gobiernos municipales de esa zona redujeran tiempos y simplificarán trámites, pero no les hicieron caso los alcaldes, acusó, por lo que exigió un foro y/o mesas técnicas para revisar “antes de que sea demasiado tarde”.