60% de quejas laborales resueltas en convenios

En los últimos tres años han incrementado el porcentaje de quejas laborales que son resueltas en convenios por parte de las juntas de conciliación y arbitraje, por lo que cerca del 60 por ciento de las mismas no se atienden en juicios laborales, informó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), María de los Ángeles Eguiluz Tapia.

La funcionaria estatal dijo que anualmente reciben alrededor de dos mil quejas laborales en el estado por lo que canalizan a las personas en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que se diriman las controversias y por ello atienden cerca de cinco mil asesorías de forma permanente.

De acuerdo con la responsable de la STPS, en 2016 existían más de nueve mil expedientes de quejas laborales recibidas, por lo que en la actualidad existen cerca de cuatro mil 500 trámites por resolver, razón por la cual han disminuido el rezago en más de la mitad, principalmente por la agilización de los mismos que se implementó desde hace año y medio.

Agregó que Hidalgo se ubicará entre los primeros diez estados a nivel nacional en contar con los tribunales laborales que contempla la nueva reforma laboral, pues afirmó que la entidad es la más avanzada en la implementación de la misma y por ello son considerados por la STPS federal.

Refirió que en el caso de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo cerca del 10 por ciento de las quejas que son recibidas son canalizadas a juicios laborales por falta de acuerdos de las partes involucradas, no obstante, detalló que ha mejorado la eficiencia en conciliación para atender las inquietudes de los trabajadores cuando vulneran sus derechos laborales.

Sin embargo, no dio a conocer la fecha en la que podrían concluir con el rezago de expedientes, debido a que además de concluir las quejas acumuladas de años anteriores en cada periodo se suman más trámites hasta que sean resueltas en su totalidad y entonces dejarán de recibir las quejas laborales.

Según la nueva reforma laboral, las juntas de conciliación y arbitraje dejarán de ser operadas por las áreas locales del Trabajo y serán canalizadas a las instancias judiciales para resolver los conflictos laborales que se presenten tanto en el sector público como en el privado.