/ martes 10 de diciembre de 2019

Jueces rebeldes

El reciente proceso de designación que desarrolló el Senado de la República para elegir a la doctora Margarita Ríos Farjat como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me hizo recordar un principio que los estudiantes de Derecho aprendemos en nuestros primeros días en la universidad: “Del hecho surge el Derecho”. Un aforismo que vale la pena que lo recuerden jueces, magistrados y abogados en estos tiempos en los que el exceso de formalismo y litigiosidad están colapsando los órganos de procuración e impartición de justicia, arrastrando a millones a la vorágine de la violencia crítica.

“Elegantes cuestiones de derecho, inútiles paréntesis de distinción y de agilidad, útiles solamente para destrozar la claridad del tema”, escribía el célebre jurista Piero Calamandrei al referirse a los jueces que aplican el axioma precisamente al revés, construyendo en algunos casos obras estéticas complejas que más se antojan novelas que sentencias sencillas y justas para los ciudadanos que se acercan a los jueces, esencialmente para resolver de forma práctica sus controversias sin violencia.

Decía Calamandrei que no basta con que los jueces conozcan perfectamente las leyes, también es necesario que conozcan la sociedad a la que se les van a aplicar. Las tareas de la jueza y el juez constitucional consisten precisamente en conocer perfectamente la norma fundamental, sí, pero también leyendo e interpretando entre líneas, porque qué son las Constituciones, si no, como explicaba Peter Häberle, “(un) espejo de su patrimonio cultural y fundamento de sus esperanzas (de los pueblos)”.

Cuando un juez dicta una sentencia, desposeída de su finalidad esencial de proporcionar a los ciudadanos una solución justa y práctica, el Estado de Derecho se desmorona. Ante esta premisa resulta lamentable que contrario a este alto criterio que deben seguir los juzgadores, algunos pretenden disimular, ante su conciencia y frente al escrutinio público, mediante motivaciones cargadas de formalismos excesivos y una exageración de la dialéctica, sentencias injustas, pases de impunidad que lastiman a la sociedad.

Las decisiones del juzgador deben estar revestidas de lealtad y sensibilidad hacia la ciudadanía y sus derechos fundamentales, anteponiendo cualquier interés o convicción personal. Una labor que en las sociedades democráticas trae aparejada la obligación de combatir la injusticia, incluso desafiando los baluartes, sagrados de un juez: la norma y la jurisprudencia.

Un juez experimentado y entrenado, consciente del deber de lealtad hacia su pueblo, puede detectar el caso que amerita rebelarse contra la maquinaria de la lógica jurisprudencial, con la finalidad de que sus engranajes no destrocen al individuo. Necesitamos este tipo de jueces en México, desde los ordinarios hasta los constitucionales, que conozcan a su sociedad, una multicultural y compleja, cuyos integrantes padecen la inacción de un sistema judicial formalista, discriminatorio, burocrático; acostumbrado a ignorar los hechos y pervertir el derecho. Lealtad y sensibilidad es lo que los mexicanos piden al Poder Judicial, como los presos recluidos por años sin sentencia, los condenados por una resolución injusta, las víctimas cuyos casos se resolvieron con una dotación de impunidad de parte del juzgador hacia los criminales, o aquellas que siguen peleando desde el limbo burocrático por ser escuchadas. Necesitamos más jueces rebeldes.

El reciente proceso de designación que desarrolló el Senado de la República para elegir a la doctora Margarita Ríos Farjat como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me hizo recordar un principio que los estudiantes de Derecho aprendemos en nuestros primeros días en la universidad: “Del hecho surge el Derecho”. Un aforismo que vale la pena que lo recuerden jueces, magistrados y abogados en estos tiempos en los que el exceso de formalismo y litigiosidad están colapsando los órganos de procuración e impartición de justicia, arrastrando a millones a la vorágine de la violencia crítica.

“Elegantes cuestiones de derecho, inútiles paréntesis de distinción y de agilidad, útiles solamente para destrozar la claridad del tema”, escribía el célebre jurista Piero Calamandrei al referirse a los jueces que aplican el axioma precisamente al revés, construyendo en algunos casos obras estéticas complejas que más se antojan novelas que sentencias sencillas y justas para los ciudadanos que se acercan a los jueces, esencialmente para resolver de forma práctica sus controversias sin violencia.

Decía Calamandrei que no basta con que los jueces conozcan perfectamente las leyes, también es necesario que conozcan la sociedad a la que se les van a aplicar. Las tareas de la jueza y el juez constitucional consisten precisamente en conocer perfectamente la norma fundamental, sí, pero también leyendo e interpretando entre líneas, porque qué son las Constituciones, si no, como explicaba Peter Häberle, “(un) espejo de su patrimonio cultural y fundamento de sus esperanzas (de los pueblos)”.

Cuando un juez dicta una sentencia, desposeída de su finalidad esencial de proporcionar a los ciudadanos una solución justa y práctica, el Estado de Derecho se desmorona. Ante esta premisa resulta lamentable que contrario a este alto criterio que deben seguir los juzgadores, algunos pretenden disimular, ante su conciencia y frente al escrutinio público, mediante motivaciones cargadas de formalismos excesivos y una exageración de la dialéctica, sentencias injustas, pases de impunidad que lastiman a la sociedad.

Las decisiones del juzgador deben estar revestidas de lealtad y sensibilidad hacia la ciudadanía y sus derechos fundamentales, anteponiendo cualquier interés o convicción personal. Una labor que en las sociedades democráticas trae aparejada la obligación de combatir la injusticia, incluso desafiando los baluartes, sagrados de un juez: la norma y la jurisprudencia.

Un juez experimentado y entrenado, consciente del deber de lealtad hacia su pueblo, puede detectar el caso que amerita rebelarse contra la maquinaria de la lógica jurisprudencial, con la finalidad de que sus engranajes no destrocen al individuo. Necesitamos este tipo de jueces en México, desde los ordinarios hasta los constitucionales, que conozcan a su sociedad, una multicultural y compleja, cuyos integrantes padecen la inacción de un sistema judicial formalista, discriminatorio, burocrático; acostumbrado a ignorar los hechos y pervertir el derecho. Lealtad y sensibilidad es lo que los mexicanos piden al Poder Judicial, como los presos recluidos por años sin sentencia, los condenados por una resolución injusta, las víctimas cuyos casos se resolvieron con una dotación de impunidad de parte del juzgador hacia los criminales, o aquellas que siguen peleando desde el limbo burocrático por ser escuchadas. Necesitamos más jueces rebeldes.

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