Ya hace más de un año, que la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2 se ha convertido en el eje sobre el que giran nuestras vidas. Si, la Covid ha trastornado nuestra existencia, a tal punto que ha tornado difícil la convivencia, incluso con los miembros de nuestra propia familia.
Pero la pandemia también nos ha hecho revaloran nuestras prioridades y, como nunca, hemos aprendido a justipreciar lo que es verdaderamente valioso para cada individuo: la vida y la vida de los demás, porque al protegernos, también protegemos a los que nos importan.
Para resguardarnos, también hemos contado con un ejército de médicos, enfermeras, paramédicos, personal de servicios generales, que, anteponiendo su misión salvadora y su ética profesional, han puesto en riesgo sus vidas y las de sus familias, a pesar de las pobres condiciones de protección en las que se han visto obligados a prestar sus servicios. No es casualidad que México haya finalizado el año 2020 con un total de 2,470 fallecimientos reconocidos de personal del sector salud.
Pero, así como muchos hemos comprendido la gravedad, el gobierno de la 4T y un gran sector de la población sigue sin ser capaz de evaluar con claridad sobre la tragedia que se cierne sobre nuestras cabezas.
En su comparecencia en el Senado de la República en octubre pasado, el Secretario de Hacienda que “estamos enfrentando el reto más desafiante en materia de política sanitaria y económica en los últimos 100 años, en particular la contracción económica resulta inusual”. Pero haber reconocido la desgracia, no ayudó para que se adoptaran oportunamente las medidas para evitar la debacle económica que estamos viviendo. Mientras en Europa los gobiernos tomaron disposiciones financieras agresivas para enfrentar la pandemia, empezando por contratar deuda con el ánimo de atenuar la contracción económica para sobrevendría por el confinamiento y demás medidas sanitarias que debían implementarse para reducir al máximo la posibilidad de contagios.
Por el contrario, en México la política económica del presidente Andrés Manuel López Obrador para salir de la crisis económica que trajo consigo el COVID-19, no incluyó contratar deuda, y mucho menos apoyar a los empresarios, porque a los “neoliberales” les corresponde resolver sus problemas, olvidando que las empresas son las que generan empleos y que los trabajadores llevan la comida a casa y pagan sus cuentas gracias al salario que reciben por el trabajo que desempeñan en estas empresas. También se ha negado sistemáticamente a implementar el salario básico universal, que ayudaría a paliar las urgentes necesidades de los trabajadores que se han quedado sin empleo. Sin embargo, no fue capaz de suspender sus megaproyectos personales: el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles.
En las últimas semanas la crisis sanitaria se ha agravado, el número de contagios y defunciones se ha incrementado casi sin control, los hospitales prácticamente están saturados, e incluso se habla de una política selectiva para dar tratamiento a los pacientes, de acuerdo con sus posibilidades de sobrevivir. Cuando un mandatario toma sus decisiones de acuerdo con sus intereses o su ideología, lo único que mantiene a ese gobierno es fidelizar a sus votantes cautivos a través de prédica demagógica y sus dádivas, sin atender, y, mucho menos resolver, los ingentes problemas de los más de 125 millones de mexicanos que habitamos en este gran país, lo que debería ser su máxima prioridad.
Necesitamos entonces un gobierno que vea por todos: por los más pobres, por las mujeres, por los hombres, por los niños, por los ancianos, por los emprendedores, por los empresarios, por los trabajadores; un gobierno con un sentido claro de la urgencia con la que debe enfrentar los problemas y las preocupaciones más sentidas de los ciudadanos. Andrés Manuel y la 4T no tienen esa capacidad.