Los actos de revisión de los Centros penitenciarios en los que encontraron diversos objetos prohibidos para los internos, son “conductas graves” de las que debe haber sanciones administrativas aplicables para los funcionarios de la cárcel y para los mismos reclusos, opinó el consejero del Colegio Barra de Abogados de Hidalgo, Adrián Vargas González.
Al mismo tiempo, dijo, hay preguntas en el aire: “¿quién dejó pasar (las cosas, como los refrigeradores, pantallas, hornos de microondas y drogas)?, ¿Cuándo las introdujeron y quiénes?, además que hay videos y cámaras de seguridad”, por lo que es de suponer que hay “porosidad en el sistema” para ingresar a la cárcel.
Consideró que sería muy importante que las autoridades informarán qué pasó, puesto que son demasiadas cosas las que encontraron, hasta una planta de posible marihuana.
Es importante analizar qué tanto incautaron en cuánto tiempo entre una revisión y otra, agregó.
Definió que los Centros de readaptación social (Ceresos) son un “microcosmos”, no precisamente un autogobierno “porque no se gobiernan solos”.
Tal cantidad de objetos pudo haberse introducido aprovechando el cambio del gobierno estatal, expuso.
Es un tema complicado, sostuvo, porque en el caso de las revisiones si se investiga, será desde quién llevaba lo que no está permitido, quien lo dejó pasar y bajo qué circunstancias lo hizo y las sanciones para todos los involucrados.
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La ley dice que, los criterios para aplicar esos operativos no deben ser discriminatorios, no se deben dañar los objetos inspeccionados y debe estar presente el interno al momento de buscar en su celda.
