El gobierno del presidente Joe Biden publicó una nueva norma migratoria que otorga facultades a los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración para que aprueben o rechacen solicitudes de asilo y con ello se aceleren las deportaciones de miles de indocumentados que llegan a la frontera con México.
Hasta ahora, sólo las cortes migratorias tenían las facultades de resolver las solicitudes de asilo para la gente que llega a la frontera, lo que hacía que los migrantes esperaran meses, incluso años, para asistir a una audiencia ante un juez. Por su parte, los funcionarios de inmigración sólo podían realizar los exámenes iniciales y brindar ayuda humanitaria.
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Con la medida, el gobierno de Biden pretende aliviar la presión sobre las cortes migratorias, que de acuerdo con datos de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), acumulan más de un millón 700 mil solicitudes de asilo sin resolver. Pero además, acelerar la deportación de los migrantes que se han apegado al programa Quédate en México y que esperan en la frontera de nuestro país a ser llamados ante una corte migratoria.
“Se trata de construir un sistema de asilo más funcional y sensato para garantizar que las personas elegibles reciban protección más rápidamente, mientras que las que no son elegibles sean expulsadas rápidamente", reconoció el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, tras el anuncio de la medida.
La Organización de las Naciones Unidas estima que desde que el expresidente Donald Trump instauró el programa Quédate en México, más de 72 mil personas han sido obligadas a esperar en nuestro país por una respuesta a su petición de asilo.
La medida ha provocado que los refugios para migrantes en el norte de México se encuentren saturados, haciendo que los campamentos improvisados con hules se hayan multiplicado.
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Con la nueva norma, los casos en los que el temor de persecución o tortura sea "creíble", el solicitante pasará a una entrevista con un funcionario de asilo que recabará la información y a continuación decidirá si le otorga asilo. Si no se lo concede, el solicitante entra en un proceso de deportación ante un juez de inmigración, que se estima no tardará más de 24 horas. La normativa simplifica las expulsiones pero no se aplicará a los niños no acompañados.
Su puesta en marcha se hará de forma gradual, por fases, comenzando con un número limitado de personas que se irá ampliando a medida que la División de Asilo de USCIS se desarrolle y reciba más recursos.
El anuncio se hace cuando autoridades estadounidenses debaten si ponen fin a otra política de la era del Covid-19 que ha bloqueado la mayoría de solicitudes de asilo en la frontera.
Congresistas y activistas pidieron ayer al presidente Biden que revoque la aplicación del Título 42 de la Ley de Seguridad de la Salud Pública del todo a la política migratoria que permite la deportación automática de indocumentados detenidos en la frontera.
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