A casi dos meses del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, que dejó un saldo de 40 muertos y 27 heridos, el Instituto Nacional de Migración (INM) aplicará pruebas de laboratorio, incluidas detección de cocaína, mariguana, anfetaminas, metanfetaminas y por primera vez benzodiacepinas y barbitúricos a mil 950 de sus oficiales, según consta en la convocatoria publicada el 26 de abril, en la plataforma del sistema electrónico de información pública Compranet.
Cada año, los oficiales migratorios del INM son sometidos a varias etapas del examen de control de confianza, que incluye pruebas toxicológicas, psicológicas y la prueba del polígrafo, entre otras.
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Para este año, el control de confianza ha sido ampliado a detección de benzodiacepinas y barbitúricos, utilizados comúnmente en el tratamiento contra la ansiedad, la depresión y trastornos del sueño.
La detección de dichas sustancias no se contemplaron el año pasado, según consta en el contrato CS/INM/30/2022 por el que la dependencia, a cargo del comisionado Francisco Garduño pagó un total de dos millones ocho mil pesos a la empresa Laboratorio Químico Clínico Azteca S.A P. I. de CV por estudios de biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina y cromatografía de gases para cocaína, mariguana, anfetaminas y metanfetaminas, mismas que fueron aplicadas a dos mil 800 personas.
“El servicio de estudios de laboratorio se solicita con el objetivo de conocer el estado de salud y el consumo de sustancias psicotrópicas y/o estupefacientes de los evaluados por el Centro de Confianza del Instituto Nacional de Migración a través de la detección de alteraciones hematológicas, metabólicas, nefrológicas y de metabolitos de drogas de abuso”, afirma la dependencia en su justificación para contratar al proveedor.
Agrega que de cada muestra recolectada se obtendrá como producto final un reporte final de análisis clínicos, el cual será integrado al expediente de evaluación médica de cada agente. El INM espera comenzar las pruebas a partir del próximo 16 de mayo, es decir, la próxima semana, y estima aplicarlas a más tardar en dos semanas a sus agentes en todo el país.
Durante el año 2021, un total de 87 agentes migratorios fueron separados de su cargo por reprobar alguna o varias etapas del examen de control de confianza, de acuerdo con cifras proporcionadas por el INM a El Sol de México. Al menos 20 de ellos, según la información, dio positivo a consumo de sustancias prohibidas, como mariguana, anfetaminas y metanfetaminas.
Otros 41 agentes fueron separados en ese año luego de que fueran descubiertos extorsionando a migrantes o porque daban documentos falsos y hacían trámites fuera de la ley. Los datos del año pasado aún no están disponibles.
Los exámenes de este año se aplicarán mientras se cumplen dos meses del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, que dejó un saldo de 40 personas muertas, en su mayoría procedentes de centro y Sudamérica.
La tragedia dio la vuelta al mundo, provocando que organizaciones internacionales como la ONU y Amnistía Internacional (AI) consideraran que la tragedia es consecuencia directa de un sistema y de políticas migratorias que criminalizan, victimizan y tratan de desincentivar la migración internacional de personas en tránsito por México.
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“Las barreras de la migración y el asilo en Estados Unidos se han incrementado desde el año 2019 mediante la aplicación de diversas medidas como el programa Quédate en México y la aplicación del Título 42 que, aunque ya concluyó, dio paso a nuevas políticas restrictivas que provocan un aumento en los tiempos de espera de la población migrante en diversas ciudades de la frontera norte de México y por supuesto en las estaciones migratorias a cargo del INM y que son prácticamente prisiones”, explica en entrevista con este diario el doctor Oscar Rodríguez Chávez, investigador en la Unidad Ciudad Juárez de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef).
El experto considera positiva la aplicación de pruebas de confianza a los agentes migratorios, pero destacó que de nada sirven si no se replantean las políticas y programas de atención a migrantes que, asegura, han quedado superadas por la complejidad del fenómeno en la actualidad. “Además de estos análisis clínicos que por supuesto sirven para identificar las condiciones de salud física y mental de los agentes, pero habría, además, que dotar de mayores recursos, humanos y de infraestructura al INM, para garantizar un acompañamiento e integración de las personas migrantes”, concluyó.
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