Por tercera ocasión en menos de tres meses, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar acciones del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, ahora por el "impuesto ambiental" aprobado en ese estado.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, encabezada por Julio Scherer promovió una controversia constitucional en contra de la medida impulsada por Bonilla y avalada por el Congreso local que desde mayo pasado grava a las gasolineras y expendedores de gas natural y gas LP.
El Gobierno de México alegó ante el máximo tribunal del país que el impuesto ambiental por la emisión de gases a la atmósfera así como sus consecuencias invaden competencias exclusivas de la Federación por lo cual es necesario anularlo.
La semana pasada la ministra Yasmín Esquivel dio entrada a la demanda del presidente, Andrés Manuel López Obrador contra la ley que en Baja California busca censar a los vehículos importados al país, entre ellos los que ingresaron ilegalmente o “autos chocolate”.
De esta forma Esquivel Mossa admitió a trámite la controversia constitucional 107/2020 con la que se busca invalidar la ley impulsada por el gobernador Jaime Bonilla con la que se creó el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California.
Unos días antes, a petición del presidente de la República, un ministro de la Corte suspendió el decreto del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla para cancelar el cobro de la caseta ubicada en la Autopista Federal Tijuana-Ensenada.
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