El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal el Altiplano en Almoloya, decretó la libertad de Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, luego de que la defensa ofreció pruebas entre las que se cuentan diversos videos en los que se apreció que su detención no ocurrió como reportaron los elementos de la Secretaría de Marina.
En la audiencia inicial, la Semar informó que el 27 de mayo cuando circulaban a bordo de la patrulla institucional en la localidad de Tepalcatepec, Michoacán, notaron la presencia del detenido cuando se encontraba de pie junto a una camioneta blanca estacionada, en la que a su vez estaba su esposa y un hombre que al notar la presencia de los elementos de la Marina, descendió del vehículo y huyó introduciéndose en la vegetación del lugar.
En el reporte, los marinos detallaron que Farías cargaba en la mano izquierda a un menor de edad y en la derecha un arma de fuego y pretendio huir por lo que tiró una mochila que contenía diversa arma de fuego larga, cargadores y metanfetamina.
En el informe, la Marina señala que lo subieron a un vehículo y arribó un helicóptero de esa Secretaría para brindar seguridad, ya que se acercó un grupo de personas que realizaban disparos con armas de fuego pretendiendo liberar al detenido.
No obstante, el juez escuchó diversos testimonios y videos filmados y obtenidos por los propios testigos, en los cuales se apreciaba la intervención de dos helicópteros y no de uno como fue informado en el parte oficial; así como disparos de armas de fuego desde aquéllos contra la camioneta del detenido, la cual habría sido quemada y calcinada por esa acción.
El aterrizaje de uno de los helicópteros a donde habrían subido al justiciable; la nula presencia de algún vehículo automotor terrestre referido en el informe, además de lesiones en el justiciable características a las esquirlas que rebotan en el pavimento.
Además de que en forma aparente la detención habría acontecido antes de lo reportado, dado que las notas periodísticas incorporadas en la audiencia daban cuenta de esa noticia en forma casi inmediata a la detención.
La PGR pretendía fincarles responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio del narcótico denominado clorhidrato de metanfetamina; portación de arma de fuego del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, y posesión de cargadores para las citadas armas.
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