La Red Nacional de Refugios, A.C. denunció que en nuestro país, cada año alrededor de 21 mil niñas son raptadas por redes de trata de personas de acuerdo a cifras de la Procuraduría General de la República, -hoy Fiscalía General- y hasta la fecha hay sólo 320 sentencias y más del 70% de rescates fueron producto de la colaboración de la sociedad civil organizada.
Al fijar su postura ante la rectoría de la Secretaría de Gobernación de los refugios de mujeres, víctimas de violencia extrema y de replicar un modelo en todo el país, denunciaron que el 50% de las mujeres, refieren haber tocado las puertas de al menos 4 instancias gubernamentales de justicia en donde recibieron maltrato, incredulidad y cero protección.
“Cientos de estas mujeres llegan a nuestros Refugios huyendo de sus agresores que son policías, empresarios, servidores públicos, integrantes del crimen organizado... ¿Qué hace creer que la cultura de impunidad y violencia estructural misógina cambiará de forma inmediata?”.
Recordaron que los gobiernos del PAN y el PRI intentaron operar algunos refugios que, terminaron en crisis por la colusión de servidores públicos, por el alto costo de operación, la ineficacia en sus servicios, la corrupción y la filtración de información a los agresores poderosos que dejó a cientos de víctimas en riesgo, e incluso amenazas de muerte a las representantes de las fiscalías de defensa de mujeres y niñez, así como a representantes de OSC que acompañan a las víctimas.
Recalcaron que han demostrado con creces una efectividad muy superior a la del Estado, usando una vigésima parte de los recursos que algunas instancias de gobierno utilizan en burocracia y para fines políticos.
“Hemos sido las defensoras de derechos humanos las que nos hemos jugado la vida frente a la incapacidad y falta de voluntad de cada gobierno en turno, la mitad de los refugios están en zonas de conflicto y somos las defensoras quienes hemos desarrollado modelos de protección y acciones en red para protegernos de los ataques a los centros, a fin de resguardar a las víctimas que fueron agredidas por parte de servidores públicos, empresarios, policías, sacerdotes, militares, burócratas, jueces y criminales que, con una llamada telefónica, compran a la autoridad y amenazan de muerte a las defensoras” indicaron.
Además, dijeron, la pacificación del país va más allá de acciones puramente policiacas y de justicia, la labor de brindar protección a mujeres víctimas de violencias rebasa una mera denuncia ante autoridades; es un proceso de sanación integral y restitución de derechos, de acceso a la justicia reconociendo que esta implica la atención integral especializada, la reparación del daño, los servicios integrales y no solo un proceso judicial.
