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En lo que va del año, contralorías municipales y estatal han sancionado a 34 servidores públicos por diversas causas, pero la principal es por no haber presentado su declaración patrimonial en tiempo y forma.
Los órganos internos de control han aplicado medidas sancionadoras desde tres meses hasta 11 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) durante este 2022, la máxima sanción se le aplicó a una empleada del COBAEH de nombre Elizabeth Sánchez Tapia, por presuntamente haber desviado recursos de la administración pública.
Su inhabilitación comenzó el pasado 11 de febrero de 2022 y se prevé venza el dos de mayo de 2033. Cabe destacar, que la investigación de ese caso derivó de una denuncia ciudadana, en la que se la tribuía a la servidora una negligencia administrativa.
Por incumplimiento en la declaración patrimonial, algunos de los sancionados son: Jorge Pérez, Eduardo Tejeda, Lucas Guzman, José García, Misael Guerrero, Juan José Pérez, Ricardo Enoch Martínez; Nichdali Gabriela Jorge; entre otros.
Cabe mencionar que de las 34 sanciones, solo en dos casos se trató de denuncias ciudadanas, una de ellas que fue abordado en el Tribunal de Justicia Administrativa y que terminó en inhabilitación de 11 años y la segunda en una inhabilitación de tres meses.
Asimismo, han derivado sanciones administrativas por la aplicación de auditorías realizadas por el órgano interno de control, ya sea municipal o estatal, así como por la denuncia de sus propios compañeros de trabajo.
Solo hay una sanción que culminará en 2033, mientras que las otras 33 en su mayoría vencen en 2023.
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