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Un fenómeno social reciente que hay en este municipio es que por lo menos ciento cincuenta casos de aproximadamente dos mil de mujeres violentadas, esperan muchos años para ejercer el derecho de pensión alimenticia para sus menores hijos e incluso estos mismos lo hacen al cumplir la mayoría de edad.
Así lo informó, ayer, la titular de la Instancia para el Desarrollo de las Mujeres de Tula Viviana Zúñiga Sánchez, quien añadió que durante el último año se detectó que está muy a la alza la violencia económica que viven ellas, ya que sus respectivas parejas no les dan recursos necesarios para sufragar los gastos básicos de sus vástagos.
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“Las mujeres como madres solteras cubren los gastos de sus hijos como alimentación, vestido, calzado y estudios durante años y hay algunos casos que hasta cuando los menores crecen demandan los gastos a sus padres” indicó.
Por tal razón, dijo, al momento que se da la separación de los núcleos familiares donde se vive la violencia de cualquier tipo, no pueden esperar tanto tiempo las mujeres para realizar los procedimientos de solicitud de pensión alimenticia para los hijos menores de dieciocho años de edad.
Viviana Zúñiga explicó que ahora después de que pasaron muchos años se ejecutan derechos de niñas, niños y adolescentes y algunos de ellos ya cumplieron la mayoría de edad.
“Debe ser de inmediato el trámite contra los deudores alimenticios y si no se hace ese procedimiento los generadores pueden tener más parejas y vástagos que pueden vivir la misma situación” refirió la funcionaria municipal.
Puntualizó que en esa dependencia pública se le da prioridad a las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia y las que padecen reciente separación con sus parejas o las molestan y les ofrecen atención jurídica y psicológica de manera gratuita.
La entrevistada mencionó que en su mayoría las mujeres que solicitan el procedimiento de pensión alimenticia para sus vástagos tienen entre treinta a cincuenta años de edad.
Finalizó diciendo que al no ejercer el mencionado derecho deja en estado de indefensión a los infantes y adolescentes y la carga económica es para las mujeres.
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