TULA DE ALLENDE, HGO.-“Queremos los trabajadores del país, incluyendo de Hidalgo, que las pensiones se cuantifiquen y calculen en salarios mínimos integrados y no en UMAS (Unidad de Medida Administrativa), ya que transgrede los derechos de las personas en su última etapa de la vida y exigimos que se respeten los derechos laborales adquiridos y humanos que permitan a los empleados mexicanos acceder a una vejez digna”.
Lo anterior, porque el gobierno federal quiere pagar en UMAS las pensiones de la clase trabajadora a lo cual estamos totalmente en contra.
En esos términos se expresó, ayer, el secretario de organización política de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, Gregorio Ernesto Paredes Gómez, durante su visita a esta ciudad.
Dio a conocer que se va a resolver el amparo promovido por la Nueva Central de Trabajadores en el cual se solicita que la cuantía de las pensiones se realice en salario mínimo integrado y no en Unidad de Medida Administrativa.
“La UMA fue creada para separar el salario mínimo de los pagos de obligaciones administrativas como multas y contribuciones y el decreto emitido por el ejecutivo federal en turno esta que modifica la ley del seguro social y la ley del sistema para el ahorro para el retiro y pretende se legalice la cuantía de las pensiones en UMAS a lo cual no estamos de acuerdo los trabajadores, ya que la Constitución Mexicana establece en el artículo 123 que el pago de salarios a trabajadores está en salario mínimo integrado y en la cual no ha habido ninguna modificación al respecto” indicó el entrevistado.
Aseguró que en la ley del seguro social en sus artículos veinticinco y veintiocho también establece el salario base de cotización en salarios mínimos y el mencionado decreto rompe el orden constitucional y vulnera los ingresos económicos de los pensionados en México donde hay aproximadamente ochenta millones, incluyendo a los futuros pensionados.
Gregorio Ernesto Paredes puntualizó que esta reforma contraviene lo planteado en el convenio ciento dos y ciento veintiocho de la Organización Internacional del Trabajo, en los cuales establecen que debe ser garantizado el cuarenta por ciento en el primero y el cuarenta y cinco por ciento en el segundo.
“El decreto establece que la pensión mínima garantizada sea en el treinta por ciento lo cual afecta considerablemente al trabajador y su familia y como ejemplo si gana cien pesos al jubilarse solo tendrá garantizado treinta pesos” dijo.
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Además que la reforma propone cuando la atención por vejez resulta insuficiente se tenga que contratar un seguro privado con instituciones bancarias denominado Renta Vitalicia y el piso mínimo para que el trabajador pueda contratarlo en su cuenta individual de fondo mínimo tendrá que ser de tres millones de pesos, por lo cual solamente podrá acceder el dos por ciento de empleados en el país.
El secretario de organización política de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana precisó que esta reforma obliga al pensionado a contratar un seguro más de sobrevivencia y es para cubrir a la viuda o sus derechohabientes en caso de fallecimiento.
“Si no se cuenta con el fondo suficiente no se podrá acceder a ningún servicio y el análisis de esta reforma establece con datos oficiales que alrededor de ciento treinta y nueve mil trabajadores, de tres de cada cuatro que hicieron su solicitud recibieron una negativa de pensión” subrayó, por último, el informante.
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