El Ayuntamiento autorizó la firma de un contrato de obra por dos millones de pesos para construcción de la primera etapa de las nuevas oficinas de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil. También en la sesión de la Asamblea se aclaró la situación del terreno para el recinto ferial que aparentemente se adquirió en 2015.
En la sesión el alcalde Jaime Pérez Suárez explicó que buscan concretar en los primeros meses de 2024 el proyecto es trasladar las corporaciones, a un terreno de 22 metros de frente en la avenida Francisco I. Madero, donde se ubicaba la antigua preparatoria, entre el Banco del Bienestar y el cuartel de la guardia nacional.
El alcalde justificó que tienen observaciones de Derechos Humanos, sobre las malas condiciones de la barandilla policial y Protección Civil Municipal requiere un espació más grande, además de que la nueva ubicación favorecerá más la atención ciudadana ya que tienen más rápida salida hacia Doxey y la carretera Tula- Tlahuelilpan. La mayoría votó por la autorización.
En el punto 7 de la orden del dia se solicitó al exalcalde Miguel Ángel López Hernandez, quien ahora funge como regidor, les aclarara sobre el convenio de adquisición del terreno para recinto ferial que formó en 2015
Explicó que la transacción se pactó frente a un notario por 11.4 millones de pesos, pues negociaron un pago de 300 pesos el metro cuadrado, que dió un adelanto de un millón de recursos propios y luego su gobierno hizo transferencias bancarias por 4 millones 700 mil pesos de recursos extraordinarios. Y aseguró que hay un documento notarial que hace constar que el municipio cubrió el 50 por ciento del pago.
Asimismo dijo que no se pagó todo porque fue un compromiso que hizo el exgobernador Francisco Olvera que al final incumplió y su sucesor Jovany Miguel no le dio seguimiento, pero recomendó que se haga el proceso de escrituración del terreno porque desde 2015 el municipio ha estado en posesión de este, de manera ininterrumpida y de manera pacífica.
Pero el alcalde y el asesor jurídico le explicaron que el comprador sólo reconoce que le pagaron un millón de pesos y que incluso ya vendió una fracción a la empresa Mumsa y pretende venderle el resto, haciendo valer una cláusula de incumplimiento de contrato.
Dijeron que para hacer la defensa legal a la actual administración no le dejaron documento alguno en el proceso de entrega recepción y el archivo municipal se incendió, por lo que le pidieron les entregue evidencias de las transferencias bancarias pero dijo no tenerlas.
En esa sesión un grupo de mujeres vecinas del primer cuadro se presentaron para pedir se saque el comercio ambulante del primer cuadro porque las calles se han convertido en baños públicos.
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