Del Valle de Tulancingo, sólo el municipio de Santiago Tulantepec cuenta con manual de procedimientos anticorrupción, pese a que es obligatorio para los 84 municipios.
Hidalgo es una de las 28 entidades del país que cuenta con una Política Estatal Anticorrupción aprobada, compuesta por cuatro ejes estratégicos de la Política Nacional e implementación de encuestas y consultas públicas, además del respaldo de consejos consultivos y paneles de expertos.
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Es prioridad generar propuestas para modificar ordenamientos legales, como la ley Orgánica, de Adquisiciones, de Obra Pública, de Archivo y de Entrega Recepción, para el combate a la corrupción.
Sólo 10 municipios de los 84 estados de Hidalgo han desarrollado un protocolo anticorrupción, una medida fundamental no solo para promover la transparencia en la gestión gubernamental, sino también para establecer un mecanismo claro de acción frente a posibles irregularidades cometidas por funcionarios públicos.
Estos municipios son los siguientes: Atotonilco el Grande, Chilcuautla, Francisco I. Madero, Omitlán, Mixquiahuala, Progreso de Obregón, Santiago de Anaya, Santiago Tulantepec, Tasquillo y Zempoala, y en proceso de elaboración se encuentra el municipio de Mineral del Chico.
Según Luis Ángel Tenorio Cruz, legislador de la 65 Legislatura, estos protocolos tienen su origen en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028, específicamente en un apartado dedicado a fomentar la integridad en los gobiernos municipales.
Recientemente se emitieron decretos en el Periódico Oficial del Estado (POEH) relacionados con modelos de control interno municipal, con el objetivo de reducir los riesgos asociados a la corrupción.
Este exhorto cobra relevancia dado que la Auditoría Superior del Estado identificó deficiencias en el control interno durante la fiscalización de las cuentas públicas, lo que afecta negativamente el funcionamiento adecuado de los municipios.
Ante esta situación, el Congreso de Hidalgo emitió un llamado a los 84 ayuntamientos, instándolos a informar sobre las acciones que llevan a cabo en el desarrollo de sus propios modelos y protocolos de control interno.
El diputado Tenorio Cruz destacó que, en ocasiones, aunque los municipios cuenten con manuales, estos carecen de especificaciones sobre sanciones en caso de actos de corrupción o irregularidades, una situación que debe corregirse antes de que finalice su mandato en septiembre de este año.
Por otro lado, la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, en su artículo 105, establece la obligatoriedad de que cada ayuntamiento cuente con una Contraloría encargada de supervisar y evaluar el desempeño de las distintas áreas de la administración municipal, con el fin de promover la productividad, eficiencia y eficacia mediante la implementación de sistemas de control interno.
En diciembre del 2022, el gobernador del estado, Julio Menchaca, destacó el inicio del proceso de certificación anticorrupción ISO 37001, que se implementará en la Secretaría Particular del Ejecutivo estatal en un primer momento y posteriormente al resto de dependencias que conforman el gabinete.
De esta forma, se informó, gobierno de Hidalgo se convertiría en el primer estado en contar con este aval a nivel nacional.
Menchaca Salazar adelantó que, tal como lo hizo al frente del Tribunal Superior del Estado de Hidalgo, su administración será pionera en la adopción de herramientas de evaluación en las estrategias dirigidas a la atención de las necesidades más sentidas de la población, en apego a los preceptos de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
Explicó que para alcanzar estos objetivos es necesario redoblar esfuerzos para cerrar el paso a posibles actos de corrupción, por lo que la certificación ISO 37001 representa un enérgico recordatorio de que no habrá segundas oportunidades a quienes intenten aprovecharse del cargo público que ostenten para beneficio personal.
De los 10 municipios que cuentan con este manual anticorrupción, ninguno es alguno de los involucrados en la Estafa Siniestra. El 20 de septiembre de 2022 durante visita a la Huasteca, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, anunció que habían descubierto un esquema de corrupción, que se ha denominado la Estafa Siniestra.
Hasta ese momento detectaron anomalías en varios municipios, en los cuales habrían desviado cientos de millones de pesos, con los famosos “moches” y con aparentes gastos para combatir el Covid-19.
En total, desde esta fecha, se han detectado este tipo de anomalías y “moches” en 13 municipios, que en total suman 520 millones de pesos.
Los municipios involucrados son: Yahualica, Huautla, Tezontepec, Tlahuelilpan, Epazoyucan, Mineral del Monte, Nopala, Tepeji y Singuilucan, posteriormente se incorporaron cuatro más para hacer un total de 13 entidades.
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