Susana Ángeles Quezada, presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso local, informó que se acató la orden del juez Segundo de distrito del Poder Judicial de la Federación y se emitió un dictamen en el que deja sin efecto el nombramiento de los comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la información (ITAIH) y regresar las cosas al estado en el que se encontraban hasta el pasado 16 de diciembre.

Sin embargo, los comisionados nombrados continuarán en las labores que les fueron encomendadas en la fecha antes citada, toda vez que el dictamen emitido debe agotar el proceso legislativo, es decir, pasar ante el pleno del Poder Legislativo para su análisis y discusión y probable aprobación. “Hemos decidido acatar la orden del Poder Judicial en el sentido que se emite un dictamen, en el cual, se revoca la designación, o sea el procedimiento que compete a la Comisión.

El juez fue muy específico en su solicitud y después de un análisis jurídico en el que ponderamos, pues sí la preocupación de que eventualmente el Instituto se pueda quedar sin comisionados, pero por otra parte la realidad y la validez del Estado de Derecho, decidimos retrotraer las cosas en el estado que estaban”, expresó la legisladora presidenta de la Comisión legislativa de Transparencia y Anticorrupción.

La legisladora de extracción morenista aclaró que todos los actos previos al 16 de diciembre, son válidos, toda vez que el juez ordena cancelar solo la designación, es decir, “la convocatoria, la difusión de la misma, las comparecencias, las calificaciones, los instrumentos de evaluación, todo eso es válido, nada de eso está en cuestión”.

Respecto de la estancia de los comisionados recién nombrados, la legisladora explicó que no se está en el momento procesal de notificarles de la decisión de la Comisión, solo correr traslado al Poder Judicial de la Federación para sea el juez de distrito quien decida si es necesario esperar el proceso legislativo, o bien remover de manera inmediata a los recién nombrados integrantes del pleno del ITAIH. “No sabemos con certeza qué panorama jurídico o administrativo pueda seguirse, eso estará en manos de la interpretación del poder judicial”, expuso Ángeles Quezada.

Negó que el acatamiento fuera una simulación o un acuerdo de escritorio, por el contrario “estamos retrotrayendo el estado de las cosas, dependerá del Poder Judicial el que nos digan si a partir de este momento que ya no son comisionados, o sí lo son, o habrá que esperar que se termine el proceso legislativo”.

La legisladora negó que la comisión de Transparencia y Anticorrupción haya cometido algún error, y lo atribuyó a una decisión política de la cual ahora “se hacen responsables. Fuimos notificados del sobreseimiento fuera de audiencia, decidimos avanzar porque la probabilidad de que el ciudadano (…) continuaría el proceso, la consideramos muy baja, y esperar más tiempo nos iba a dejar en un escenario de falta de comisionados que garanticen el derecho humano de acceso a la información”. Cabe recordar que, lo anterior, deriva del juicio de amparo promovido por Hugo Armando Vázquez Reséndiz.