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Al término del 2023, la Contraloría del Estado llevó a cabo la suspensión de contrato a 100 empresas proveedoras de servicios al gobierno estatal por presentar una serie de irregularidades, tan solo tres de ellas tenían contratos por 170 millones de pesos.
De acuerdo con un comunicado, estas tres empresas son: Corporativo Jubai S.A. de C.V., Consultoría DWART S.A. de C.V. y Creaciones Espectáculos y Producciones de México S.A. de C.V, las cuales serán boletinadas.
Cada una de ellas enfrentará una suspensión de cinco años, de tal forma que están impedidas a realizar contrataciones en territorio hidalguense hasta después del ejercicio 2028.
“Suman cien empresas que fueron suspendidas durante 2023; decisión motivada por diversas irregularidades detectadas en los procesos de contratación, así como la revisión de expedientes empresariales, lo cual responde a la necesidad de salvaguardar la transparencia y legalidad en la administración pública”, indica el documento.
En el caso de Corporativo Jubai S.A. de C.V, se rescindió un contrato por un monto cercano a 10 millones de pesos debido a incumplimientos en la prestación de "Servicios de consultoría y Asesoría", solicitados por la Dirección General de Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria.
Consultoría DWART S.A. de C.V, enfrenta la suspensión del registro por la rescisión de un contrato de aproximadamente tres millones novecientos mil pesos, destinado a servicios de informática (Desarrollo de una aplicación responsiva).
Creaciones Espectáculos y Producciones de México S.A. de C.V, fue beneficiada con contratos por un monto cercano a 157 millones durante el ejercicio 2022.
Las tres compañías coinciden con el domicilio fiscal marcado en la colonia Granjas Ecatepec primera sección.
Los contratos abarcaron diversas áreas, como suministro de medicinas, servicios de limpieza, arrendamiento de módulos temporales y otros conceptos.
Estas acciones buscan prevenir futuras contrataciones por parte de dependencias, entidades paraestatales, municipios y organismos de origen estatal, garantizando así una gestión transparente y ética de los recursos públicos.
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