“En el momento que es cuestionado algún juez o jueza a través de una queja, inmediatamente se le da curso correspondiente y entra a una investigación , dependiendo de la circunstancia, dependiendo del tipo de acusación que sea, ya se ve lo que en derecho procede”, dijo la magistrada presidenta del Poder Judicial en Hidalgo, Rebeca Aladro Echeverría.

Explicó que desde el primero de septiembre del 2022 en que tomó protesta como magistrada presidenta, han resuelto 184 quejas de periodos anteriores, de las cuales fueron procedentes 24, improcedentes 9, desechadas 15 y dictamen conclusivo 136.

Asimismo, informó que en el mismo periodo suman otras 171 quejas de diversas índole, tanto contra jueces como de funcionarios judiciales.

Agregó que todas se encuentran en desahogo, pues actualmente ofrecen pruebas las partes involucradas. “Llevan un procedimiento que a veces no es tan rápido ni tan fácil por las condiciones o por la conducta que estén haciendo mención, pero todas son analizadas y concluidas”.

La sanción, de proceder estos señalamientos, es desde la amonestación hasta la inhabilitación o suspensión en determinadas situaciones.

A pregunta expresa respondió que no hay ningún caso de inhabilitación a la fecha, aunque precisó la existencia de un caso que resultó con éste dictamen, pero interpusieron un recurso y están en espera de que se resuelva.

Apuntó que cuando jurídicamente es atacado un juez, se procede a la investigación y en caso de ser necesario se recurre ante la Visitaduría, “su servidora está impedida meterme a ese tipo de asuntos, no vemos asuntos jurisdiccionales, sin embargo, cuando hablan del proceder de algún funcionario judicial mandamos a la visitaduría para que vea cómo se encuentran las constancias”.

Posteriormente, dijo, se lleva a cabo un análisis de los señalamientos de las personas quejosas a fin de emitir una opinión sobre la conducta del o la juez señalada.

Respecto al caso Saade, la magistrada presidenta Aladro Echeverría manifestó que no existe investigación alguna hacia la jueza que atendió el asunto, Janett Montiel, al sentenciar la no vinculación a proceso contra el acusado.

Detalló que la jueza estableció 19 puntos que justificaron la no vinculación a proceso, “el Poder Judicial imparte justicia a unos concediéndoles la razón y a otros negándoles la razón, de acuerdo a los elementos que en ese momento tiene para poder vincular o no”.

En cuanto a que si la jueza ha recibido presión en este proceso penal, la magistrada Rebeca Aladro subrayó que “no hay ninguna presión de nada, ni de nadie, es una resolución absolutamente transparente y que las partes valorarán si ellas consideran que deben apelar y después ampararse o no”.