El gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, envió una iniciativa al Congreso local para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal que plantea eliminar la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública que fue creada en el gobierno de Omar Fayad Meneses.
Durante la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso local, la presidenta de la directiva de marzo, Adelfa Zúñiga Fuentes, informó que el Poder Ejecutivo envió la iniciativa en calidad de preferente para que desaparezca este organismo de la administración pública estatal.
La iniciativa fue turnada a la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su dictamen y posteriormente será turnada al pleno legislativo para que sea votada por los diputados y se publique en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).
Desde que comenzó la actual administración estatal el pasado 5 de septiembre, el gobernador Julio Menchaca anunció que desaparecerá la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública al considerar que sus funciones son innecesarias y pueden ser realizadas por las demás dependencias del Poder Ejecutivo de forma transversal.
Afirmó que esa dependencia estatal fue construida en el gobierno pasada para una persona, pero no tiene justificación administrativa, por lo cual en el presupuesto de egresos que envió la Secretaría de Finanzas estatal no se consideró ningún monto para esta dependencia.
En 2022 la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública tuvo un presupuesto de 150 millones 772 mil 891 pesos, mismos que se reorientaron para el actual ejercicio fiscal en otras dependencias estatales.
En enero de 2017 se creó la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública como parte de las reformas administrativas que se avalaron en el gobierno estatal al inicio del sexenio de Omar Fayad Meneses, por lo cual su primer titular fue Israel Félix Soto y a partir de junio de 2019 fue ocupada por José Luis Romo Cruz.
El Poder Ejecutivo de la entidad también envió la iniciativa para reformar el artículo 3 de la Constitución Política del estado que contempla que los servidores públicos no tendrán más facultades que las establecidas en el marco regulatorio.