Este año el gobierno de Hidalgo destinará 788 millones 274 mil 667 pesos para la deuda pública de la entidad, la cual al cierre de 2022 ascendió a tres mil 876 millones 737 mil 435 pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos del estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).
De los 788 millones 274 mil 667 pesos que se etiquetaron para el pago de la deuda pública, un total de 394 millones 680 mil 990 pesos se destinarán para el pago de los intereses generales, mientras que 376 millones 405 mil 292 pesos se destinarán directamente para el pago de capital pendiente.
La deuda pública del estado representa el 1.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la entidad, por lo cual la actual administración estatal pretende reducir la misma al cierre del sexenio al 0.4 por ciento del total de la producción económica de la entidad durante un año, de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo (PED).
La deuda pública está distribuida en cinco instituciones bancarias, por diferentes montos que se solicitaron durante las administraciones pasadas como mil 500 millones de pesos que pidió el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong en 2009 al banco Banamex para la adquisición de los predios donde se construiría la refinería “Bicentenario” que se edificaría en Tula en la gestión de Felipe Calderón.
A esa deuda también se le suma la adquisición de terrenos por más de 636 millones de pesos en 2013 en el gobierno de Francisco Olvera Ruíz para la construcción de una planta automotriz que tampoco se construyó en el Altiplano.
Anteriormente, en la gestión de Manuel Ángel Núñez Soto también se solicitaron créditos para la compra de terrenos en la región de Tizayuca para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se construiría en la región desde la administración de Vicente Fox, pero que tampoco se concretó.
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Así, con la suma de intereses generales por los créditos solicitados a distintas instituciones bancarias, el gobierno de Hidalgo tiene una deuda pública de más de tres mil 800 millones de pesos, aunque se ubica por debajo del promedio nacional en cuanto a las entidades con mayores pendientes que no ha finiquitado, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
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