Dentro de los muros del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tulancingo, se devela una realidad inquietante que exige atención seria. Personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) ha identificado situaciones críticas que vulneran los derechos y la dignidad de los internos.
El epicentro del problema es la sobrepoblación; diseñado para albergar a 373 personas, el Cereso enfrenta el desafío de sostener a 572 internos, una brecha de 199 individuos. Esta situación crítica amenaza no solo la capacidad logística del centro, sino también la integridad de quienes están bajo su custodia, según la CDHEH.
En febrero del 2023, de manera anónima, un grupo de personas que tienen familiares dentro del Cereso de Tulancingo, denunciaron el supuesto cobro de una “cuota” por visita o visita conyugal. Ante tal hecho, la CDHEH, asegura que no hay registro de cobro por visita alguna, ya sea en la de entrada por salida o la visita íntima.
Dentro de este penal existe la presencia de 13 personas indígenas que representan el 2.3% de la población y 3 personas extranjeras (0.5%), sugiere diversidad, pero el hacinamiento plantea preocupaciones sobre los derechos humanos y la dignidad, ya que algunos internos duermen en el suelo, lo que indica una posible violación de la RG-0001-23.
Se proporcionan tres comidas diarias con nutrición básica, y hay un comedor con capacidad para 40 personas. Los servicios médicos están presentes, pero no hay personal médico dedicado ni área de enfermería. Hay un suministro de medicamentos y las enfermedades prevalentes incluyen diabetes e hipertensión. La falta de personal médico puede no satisfacer las necesidades de salud de la población, especialmente considerando la alta incidencia de padecimientos crónicos, lo que podría ser una preocupación en el tema de derechos humanos.
Un pequeño porcentaje de la población participa en actividades educativas, y hay una variedad de actividades laborales disponibles, como costura y carpintería. Sin embargo, las bajas tasas de participación educativa sugieren la necesidad de mejorar en los programas de rehabilitación y reintegración.
Existe un área separada para internas, lo cual es positivo para su seguridad y privacidad. Sin embargo, la falta de servicios médicos especializados y programas preventivos de salud para mujeres, así como la presencia de niños sin servicios dedicados, es preocupante desde una perspectiva de garantías individuales.
La seguridad, vital en un entorno penitenciario, se ve comprometida por una proporción de personal de seguridad y custodia a personas privadas de libertad (PPL) muy por debajo de los estándares recomendados. Este déficit no solo aumenta el riesgo de violencia, sino que también amenaza los procedimientos de seguridad, debilitando la eficacia de acciones como cateos e incidentes. Solo hay 24 custodios: 19 hombres y 5 mujeres.
La falta de un área de castigo aparente puede interpretarse como un enfoque en la rehabilitación, pero la ausencia de claridad sobre las medidas disciplinarias deja espacio para la especulación sobre posibles abusos contra los derechos humanos.
También, el pasado 13 de enero del presente año, se dio aviso a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) del hallazgo sin vida del procesado por secuestro agravado en el municipio de Acatlán, cuyo cuerpo fue hallado colgado por el cuello del marco de la puerta de la Galera No. 2 de sentenciados, aproximadamente a las 15:30 horas.
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Tras darse a conocer este hecho mediante redes sociales y medios de comunicación, la CDHEH inició la queja de oficio CDHEH-TB-0008-24, la cual se encuentra en investigación para determinar las posibles violaciones a los derechos humanos.
El hombre tenía menos de dos meses recluido en prisión, y de acuerdo con lo reportado padecía cuadros depresivos y de estrés, además había denunciado internamente malos tratos por parte de las autoridades penitenciarias.
Dentro del Cereso hay una gran cantidad de PPL por el delito de secuestro y entre los delitos más recurrentes se encuentra el homicidio, robo, asalto y delitos sexuales. Para trasladar a un recluso a otro lugar, es únicamente por dos motivos: por petición voluntaria o porque la vida del interno corra peligro.
