/ miércoles 5 de abril de 2023

Integrantes del Comité Anticorrupción cobrarán mil de 40 mil mensuales 

Los reportes de trabajo que emitió cada uno no justifica el honorario, además, son ciudadanos 

Para el contralor del Estado Álvaro Bardales Ramírez, los informes de trabajo del Comité de Participación Ciudadana (CPC) de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción no justifican los 40 mil pesos mensuales que cobraba cada uno de los cinco integrantes.

Por ello, a partir del próximo mes solo cobrarán por honorarios 500 pesos quincenales.

Así respondió el secretario Alvaro Bardales al indicar que no son indispensables los actuales, pues tienen la libertad de renunciar y ellos sustituirlos bajo el mismo proceso de selección tradicional.

“Los participantes del Comité de Participación Ciudadana son eso: ciudadanos, ellos no son trabajadores del gobierno del estado. Ellos reciben un honorario por los servicios que prestan. Los honorarios como tal implican una situación que en base al desempeño que realicen en la prestación de su servicios es el honorario que se les fija”, explicó.

Por lo anterior, se les designó una cuota mínima para que en base al trabajo que desempeñan se pueda fijar su salario.

Mencionó que ya revisó los informes de trabajo de los integrantes disponibles en la página oficial de este organismo y fue entonces que cuestionó el pago que cobraban durante tantos años cuando había meses que no hacían absolutamente nada.

Confirmó que cada uno cobraba 40 mil pesos mensuales, ahora la base del honorario serán mil pesos para que de ahí con base a las actividades ejercidas se les establezca el honorario.

“Nosotros estamos combatiendo a la corrupción”, manifestó al mencionar que la decisión no fue solo de una persona, pues lo tomó el pleno del Sistema Estatal Anticorrupción.

A pregunta expresa si renuncian los cinco qué pasaría, respondió: “absolutamente nada, habrá nuevos nombramientos por el Comité de Selecciones”.

Reiteró que no son trabajadores del Estado, son ciudadanos con una participación pública, “no es que les estemos quitando su salario, no es que estemos haciendo alguna afectación. El honorario no se les quita el de marzo, es para abril en adelante, todavía cuando ellos no han hecho ninguna actividad”.

Los cinco integrantes del CPC son Sergio Carlos Jiménez Martínez que apenas tomó protesta en enero de este año, Víctor Juárez Peralta, Lucero Calderón Hernández, Giselle Ivette Cortés Coria y Martha Patricia Morales Salomón.

Vale mencionar que Sergio Carlos Jiménez es contador público, con doctorado en Ciencias de Gestión en la Universidad Paris 1. Víctor Juárez es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y fue contralor en Mineral de la Reforma (2008-2009), Lucero Calderón tiene la maestría en Administración Pública cuenta con diversos cargos públicos, como en el 2022 reportó ser directora de Administración y Finanzas en la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Secretaría de Gobernación federal.

Giselle Ivette Cortés cuenta con dos maestrías en Derecho Procesal Constitucional y Maestría en Derecho Fiscal, tambié ha sido funcionaria pública, pues entre sus diversos cargos está como titular de la Dirección General de Combate a la Impunidad de la Contraloría del Estado de Hidalgo. Martha Patricia Morales es maestra en Administración de la Calidad, contador General Empresas Filiales, así como trabajó en el Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital.


Para el contralor del Estado Álvaro Bardales Ramírez, los informes de trabajo del Comité de Participación Ciudadana (CPC) de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción no justifican los 40 mil pesos mensuales que cobraba cada uno de los cinco integrantes.

Por ello, a partir del próximo mes solo cobrarán por honorarios 500 pesos quincenales.

Así respondió el secretario Alvaro Bardales al indicar que no son indispensables los actuales, pues tienen la libertad de renunciar y ellos sustituirlos bajo el mismo proceso de selección tradicional.

“Los participantes del Comité de Participación Ciudadana son eso: ciudadanos, ellos no son trabajadores del gobierno del estado. Ellos reciben un honorario por los servicios que prestan. Los honorarios como tal implican una situación que en base al desempeño que realicen en la prestación de su servicios es el honorario que se les fija”, explicó.

Por lo anterior, se les designó una cuota mínima para que en base al trabajo que desempeñan se pueda fijar su salario.

Mencionó que ya revisó los informes de trabajo de los integrantes disponibles en la página oficial de este organismo y fue entonces que cuestionó el pago que cobraban durante tantos años cuando había meses que no hacían absolutamente nada.

Confirmó que cada uno cobraba 40 mil pesos mensuales, ahora la base del honorario serán mil pesos para que de ahí con base a las actividades ejercidas se les establezca el honorario.

“Nosotros estamos combatiendo a la corrupción”, manifestó al mencionar que la decisión no fue solo de una persona, pues lo tomó el pleno del Sistema Estatal Anticorrupción.

A pregunta expresa si renuncian los cinco qué pasaría, respondió: “absolutamente nada, habrá nuevos nombramientos por el Comité de Selecciones”.

Reiteró que no son trabajadores del Estado, son ciudadanos con una participación pública, “no es que les estemos quitando su salario, no es que estemos haciendo alguna afectación. El honorario no se les quita el de marzo, es para abril en adelante, todavía cuando ellos no han hecho ninguna actividad”.

Los cinco integrantes del CPC son Sergio Carlos Jiménez Martínez que apenas tomó protesta en enero de este año, Víctor Juárez Peralta, Lucero Calderón Hernández, Giselle Ivette Cortés Coria y Martha Patricia Morales Salomón.

Vale mencionar que Sergio Carlos Jiménez es contador público, con doctorado en Ciencias de Gestión en la Universidad Paris 1. Víctor Juárez es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y fue contralor en Mineral de la Reforma (2008-2009), Lucero Calderón tiene la maestría en Administración Pública cuenta con diversos cargos públicos, como en el 2022 reportó ser directora de Administración y Finanzas en la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Secretaría de Gobernación federal.

Giselle Ivette Cortés cuenta con dos maestrías en Derecho Procesal Constitucional y Maestría en Derecho Fiscal, tambié ha sido funcionaria pública, pues entre sus diversos cargos está como titular de la Dirección General de Combate a la Impunidad de la Contraloría del Estado de Hidalgo. Martha Patricia Morales es maestra en Administración de la Calidad, contador General Empresas Filiales, así como trabajó en el Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital.


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