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Por la extracción ilegal de combustible en Hidalgo, policías estatales y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) coordinan esfuerzos para combatir este y otro tipo de delincuencia, acciones que han dejado una baja militar, por la que el gobierno estatal habría indemnizado con un millón de pesos al deudo designado previamente, pagos clasificados como reservados por comprometer la seguridad nacional.
Lo anterior, según datos filtrados por el grupo Guacamaya Leaks y la solicitud de información 130213100055523, en los que se establece que, al menos desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y hasta junio de 2022, en Hidalgo la Sedena contaba con mil 500 efectivos militares destacamentados en su zona militar, mil más en apoyo a ese mando territorial, así como mil 400 elementos de la Guardia Nacional.
Fue el actual mando de la 18 Zona Militar “Gral. Bergantín. Felipe Ángeles” de la Sedena, ubicada en avenida del Álamo sin número, colonia Venta Prieta, en Pachuca, General Juan José Gómez Ruiz, quien, en el informe de gabinete de seguridad del 16 de marzo de 2023, negó que el gobierno de Hidalgo pagara por la presencia de militares y Guardia Nacional, a pregunta de la compañera reportera de El Sol de Hidalgo, Alma Leticia Sánchez.
“Bueno, no, no cobramos. Nosotros tenemos nuestros haberes como todos los soldados de la República, pero no, no cobramos por trabajar aquí en el estado de Hidalgo. Recibimos nuestros haberes, los haberes normales. Usted creo que se quiere referir a los servicios que paga Pemex a la Secretaría de la Defensa Nacional por la seguridad a las instalaciones estratégicas. No tengo ese dato”, respondió aquella ocasión.
Sin embargo, según el correo emitido por la Asesoría Jurídica de la 18 Zona Militar (aj.18zm@sedena.gob.mx) a la Coordinación general Jurídica del Estado de Hidalgo, vía Cristian Arteaga (cristian.arteaga@hidalgo.gob.mx) hace un año, a las 14:47 horas del 27 de mayo de 2022, se envió para su aprobación y probable modificación un convenio de coordinación entre gobierno estatal y la Sedena.
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En el documento se contempla “que “EL ESTADO” instrumente beneficios económicos a favor de los elementos de la “SEDENA” y “GUARDIA NACIONAL” que sufran incapacidad y a los deudos de aquellos que fallezcan con motivo de los actos del servicio que se desarrollen en apoyo al Estado de Hidalgo”.
Por fallecimiento, “lo señalado en el artículo 77 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas un monto de $1’000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional)”; y 750 mil pesos a los militares o guardia nacional que en el desempeño de las actividades propias del presente Convenio y que, con motivo de éste, resulten incapacitados en segunda categoría.
Igualmente, establece 500 mil pesos “a los militares o guardia nacional que en el desempeño de las actividades propias del presente Convenio y que con motivo de éste, resulten incapacitados en tercera categoría”, mientras que 250 mil pesos a los que “resulten con trastornos funcionales de menos del 20%”.
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El mismo convenio, que según su cuarta cláusula tendría “vigencia a partir del 16 de septiembre de 2020”, aunque los correos corresponden al 27 de mayo de 2022, establece que “en cualquiera de los supuestos anteriores, ‘EL ESTADO’ hará la aportación a la cuenta bancaria que indique la ‘SEDENA’, la cual se realizará por una sola ocasión y en una sola exhibición, en un término que no excederá de los treinta días naturales a la presentación de la documentación requerida para tal caso”.
En este sentido, a la solicitud de información número 130213100055523, presentada el 16 de marzo de 2023 para conocer pagos hechos a la Sedena, Guardia Nacional o a efectivos de ambas corporaciones, la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo de Hidalgo respondió tardíamente el 2 de mayo a la petición (de la que se inició el recurso de revisión 283/2023), que “la información solicitada forma parte integral de un expediente clasificado como reservado, motivo por el cual esta Dependencia se ve imposibilitada de proporcionar la información requerida…”.
La Unidad de Transparencia argumentó para ello el artículo 113 de la Ley de Transparencia de Hidalgo:
“Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación"
“l.- Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable”.
Una baja militar desde 2018
Por otra parte, conforme a los correos electrónicos filtrados por Guacamaya Leaks, María de Lourdes Farfán Téllez (lourdes.farfan@hidalgo.gob.mx) integrante de la Coordinación de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas Públicas de Hidalgo, confirmó de recibida, el 13 de junio de 2022, la información enviada por el correo al área jurídica de la 18 Zona Militar (aj.18zm@sedena.gob.mx).
“En atención a la reunión de trabajo que se lleva a cabo el día de ayer en esas instalaciones, se remite la siguiente información”, informa el remitente, siendo entre ellos los efectivos que en ese mes se tenía en la Zona Militar (1,500), tropas de apoyo (1,000) y guardias nacionales (1,400).
Además, proporciona la estadística de 2018 al corte de ese día, 13 de junio de 2022, “de accidentes donde personal militar haya perdido la vida o haya sufrido incapacidad de 1/a., 2/a., o 3/a. categoría al realizar funciones de seguridad pública en el Estado de Hidalgo, siendo ninguno durante 2018, 2019, 2020 y 2021, mientras que en 2022 sólo un fallecido.
Del 13 de junio a la fecha, se desconoce el número de militares o guardias nacionales abatidos, incapacitados o lesionados, aunque el 26 de septiembre de 2022 en Ajacuba y el 12 de enero de 2023 en Cuautepec hubo enfrentamientos donde, presumiblemente, resultaron militares heridos.
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