Al comparecer ante el Congreso del Estado, el procurador General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), Raúl Arroyo González, afirmó que la entidad vive en un estado de derecho, donde existe imparcialidad y apego a las leyes.
Las decisiones se toman, dijo, con base en pruebas, no en supuestos.
El funcionario abordó temas, como la eficiencia en el desempeño del Ministerio Público, la reingeniería al interior de la institución, el sistema penitenciario, la Fiscalía Especializada en personas Desaparecidas, el número de carpetas de investigación y el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
No obstante, reconoció que, a pesar de los avances, aún falta mucho por trabajar.
También dio cifras específicas de los casos penales en la entidad.
Argumentó que han sido detectadas 12 bandas dedicadas al secuestro, con 41 personas detenidas.
Además, que hay 245 carpetas de investigación por corrupción y más de 300 en trámite por abuso de autoridad.
De igual forma, dio a conocer que hay 18 casos resueltos de feminicidios logrando la pena más alta, de 60 años; 93.1 por ciento de avance en la aleta amber; la atención a tres recomendaciones por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo; mil 76 órdenes de aprensión; tres mil 895 soluciones de controversias, 19 mil carpetas de investigación y 14 mil 976 averiguaciones previas.
Finalmente, aseveró que es necesario el diálogo y la coordinación entre los poderes y la población.
“Si uno falla, el sistema falla, siendo necesaria la denuncia para continuar avanzando”, concluyó.
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